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- “Yo he sido tierra desangrada y tan solo me han restañado mis heridas con el falso bálsamo de un utópico progreso donde la verdadera cultura ha sido nula. Mis hijos tan sólo se han contentado en ver alzarse tormentosos, chupadores de mi savia. Me han llenado de úlceras; pero hoy me he sentido con mi corazón repleto de alegría y esperanza ante la presencia de este evento que me ha traído un mensaje de un porvenir espiritual que redundará en progreso material, también. Así lo dice hoy la ciudad de Cabimas en este día glorioso”. Salvador Valero. Cabimas 1970.
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Por Leandro Morales
Una democracia participativa es el soporte constituyente de una sociedad donde todos tienen los mismos derechos y las mismas libertades políticas. Derechos y libertades para elegir y ser elegido. Mas, para hacer efectiva y real esas libertades y esos derechos, es menester llevar esa democracia al terreno de las decisiones económicas en sus diferentes instancias de relación (producción, consumo, asignación de recursos, organización del espacio y tiempo del trabajo, distribución, salarios, precios, etc.).
Un proceso revolucionario, por más mayoritario y contundente que sean sus éxitos políticos, sin esa segunda fase, la puesta en función de una economía social participativa, de productores y consumidores libres de la estructura de explotación y opresión de la economía capitalista, pero también, libres de la dictadura de una partidocracia y un estado que planifique desde arriba el cómo y el qué y el cuánto se produce, consume y distribuye, acabaría desgastando los entusiasmos y enajenando a su base popular por no satisfacer sus expectativas de prosperidad personal y social.
La gente no pone en peligro sus vidas para defender un sistema político por razones puramente ideológicas. Lo que santifica sus luchas, por más que incidan ideales y principios, es la esperanza primero y la realidad después de una sociedad materialmente y espiritualmente más prospera. Los éxitos políticos son una condición, no un fin en sí mismo. Los derechos y las libertades solo pueden ejercerse como un contra-poder revolucionario si no se confunden los objetivos individuales y sociales con los objetivos del Estado que, por su misma naturaleza parasitaria, tiende, en la persona de sus funcionarios, de su ejercito y su policía, de sus jueces, de sus gobernantes, a convertir, las victorias populares, en instrumento de poder y lucro particular.
¿Pero cómo nos interpela esta alternativa de revolución en el terreno de los hechos? Pese a la corrección política con que los intelectuales de la izquierda norteamericana opinan a veces sobre nuestras revoluciones –Petras es una excepción– Noam Chomsky y Michael Albert le han planteado a la dirigencia política del proceso bolivariano, a Chávez en particular, una serie de interrogantes –interrogantes que son de forma lateral y discreta una critica a las contradicciones del estatismo chavista– que hacen diana en la diferencia especifica entre una revolución desde arriba, desde la retórica y las abstracciones del Estado, de una revolución desde abajo, desde los contra-poderes populares, desde el ejercicio real de las libertades y los derechos individuales de las personas que luchan por la creación de una sociedad más prospera y más democrática que las sociedades capitalistas.
El anticapitalismo del gobierno bolivariano - parecen decir Albert y Chomsky y, por prudencia política, dicen lateralmente - para ser consecuente tiene que empezar por eliminar en los espacios institucionales y populares ganados por la revolución las desigualdades características del capitalismo.
Lo primero es la remuneración justa por el trabajo. Es el esfuerzo y el sacrificio –no la ganancia, el poder y cantidad que se produce– el criterio para determinar las diferencias salariales. Segundo, conferir a los trabajadores poderes de decisión en lo que producen, para acabar así con la división corporativa y de clase en los sitios de trabajo. Tercero, la asignación no competitiva de recursos. “La asignación de recursos determina cuanto se usa y cuánto se produce de cada producto y donde termina. Por una parte, la asignación de recursos es el producto de decisiones; otra parte es decidida por la comunicación, la información, y los modos de comportamiento”. La asignación de recursos, como los demás aspecto de una economía social revolucionaria, debe ser, tanto del lado de los trabajadores, como de los consumidores, participativa.
En síntesis, lo que Michael Albert y Chomsky dicen en sus interrogantes es que el sentido político de la democracia participativa bolivariana no puede reducirse al crecimiento electoralmente numérico de sus seguidores, de los militantes de su partido, de las curules en las elecciones parlamentarias y presidenciales.
El sentido político tiene que ser estructural. Es decir, su sentido está también en otra parte. En los movimientos sociales autónomos, en las cooperativas y los consejos comunales, en las milicias de obreros y campesinos con poder armado para defenderse contra los sicarios a sueldo de los terratenientes y los empresarios expropiados, en los medios alternativos de comunicación; en la auto-gestión de la economía de un contra-poder revolucionario que deconstruya, simultáneamente, la estructura de poder-riqueza del capitalismo y los intereses de poder-riqueza estatal que obstruyen los avances revolucionarios hacia una sociedad más solidaria, más plural, más equitativa, más tolerante, más libre, más democrática, más abierta, más prospera.
Ahora bien, pasando del terreno de la realidad - porque ese socialismo es una alternativa real, presente aquí y ahora en los espacios de poder conquistados por el proceso bolivariano - a la imaginación, imaginación que es parte esencial de toda lucha, representémonos el escenario y el momento en que la gente sale a la calle a defender los beneficios que personal y socialmente han recibido de esa revolución. Si ya defendieron, contra la histeria mediática y el cinismo colaboracionista de la oposición venezolana, su ideal político, de qué heroísmos no serán capaces cuando tengan que defender la realidad de su revolución.
Esa defensa de la revolución bolivariana, “que ya puede contarse ahora, porque la necesidad misma está aquí en acción”(Nietzsche), es el motivo por el cual me he visto en la necesidad de deslindar las razones de Estado de las razones de la revolución, de las necesidades reales de las personas reales que el gobierno debe proteger y defender con sus políticas.
Mas sin embargo, ese Estado, ese gobierno y su presidente y la partido-cracia que le rinde culto, han puesto en peligro, y no es esta la primera vez, la seguridad de la revolución. No hay otra manera de calificar los acuerdos de colaboración militar y policial del Estado venezolano en la guerra contra las drogas y el terrorismo. Guerras del imperialismo que nada tienen que ver con las guerras revolucionarias. Pero esa es sólo la polvareda del embarre político que representa la abierta y pública colaboración militar y policial del Estado venezolano con el Para-estado colombiano y el gobierno de Santos.
La partidocracia chavista se halla y se hallará en el dilema político de tener que decidir, sin los vaivenes propios de la razón y la pragmática de los intereses de Estado, entre la guerra revolucionaria o las guerras del imperio.
Llegado ese momento, mientras el chavismo make up its mind, mientras Chávez dispone de los recursos del Estado venezolano para la guerra contra las drogas y el terrorismo, el presidente Santos, con el respaldo incondicional de la oligarquía colombiana, actuará en absoluta consonancia con los intereses capitalistas del imperio. De eso, solamente Chávez y la partidocracia que lo rodea, parece tener dudas.
Una democracia participativa es el soporte constituyente de una sociedad donde todos tienen los mismos derechos y las mismas libertades políticas. Derechos y libertades para elegir y ser elegido. Mas, para hacer efectiva y real esas libertades y esos derechos, es menester llevar esa democracia al terreno de las decisiones económicas en sus diferentes instancias de relación (producción, consumo, asignación de recursos, organización del espacio y tiempo del trabajo, distribución, salarios, precios, etc.).
Un proceso revolucionario, por más mayoritario y contundente que sean sus éxitos políticos, sin esa segunda fase, la puesta en función de una economía social participativa, de productores y consumidores libres de la estructura de explotación y opresión de la economía capitalista, pero también, libres de la dictadura de una partidocracia y un estado que planifique desde arriba el cómo y el qué y el cuánto se produce, consume y distribuye, acabaría desgastando los entusiasmos y enajenando a su base popular por no satisfacer sus expectativas de prosperidad personal y social.
La gente no pone en peligro sus vidas para defender un sistema político por razones puramente ideológicas. Lo que santifica sus luchas, por más que incidan ideales y principios, es la esperanza primero y la realidad después de una sociedad materialmente y espiritualmente más prospera. Los éxitos políticos son una condición, no un fin en sí mismo. Los derechos y las libertades solo pueden ejercerse como un contra-poder revolucionario si no se confunden los objetivos individuales y sociales con los objetivos del Estado que, por su misma naturaleza parasitaria, tiende, en la persona de sus funcionarios, de su ejercito y su policía, de sus jueces, de sus gobernantes, a convertir, las victorias populares, en instrumento de poder y lucro particular.
¿Pero cómo nos interpela esta alternativa de revolución en el terreno de los hechos? Pese a la corrección política con que los intelectuales de la izquierda norteamericana opinan a veces sobre nuestras revoluciones –Petras es una excepción– Noam Chomsky y Michael Albert le han planteado a la dirigencia política del proceso bolivariano, a Chávez en particular, una serie de interrogantes –interrogantes que son de forma lateral y discreta una critica a las contradicciones del estatismo chavista– que hacen diana en la diferencia especifica entre una revolución desde arriba, desde la retórica y las abstracciones del Estado, de una revolución desde abajo, desde los contra-poderes populares, desde el ejercicio real de las libertades y los derechos individuales de las personas que luchan por la creación de una sociedad más prospera y más democrática que las sociedades capitalistas.
El anticapitalismo del gobierno bolivariano - parecen decir Albert y Chomsky y, por prudencia política, dicen lateralmente - para ser consecuente tiene que empezar por eliminar en los espacios institucionales y populares ganados por la revolución las desigualdades características del capitalismo.
Lo primero es la remuneración justa por el trabajo. Es el esfuerzo y el sacrificio –no la ganancia, el poder y cantidad que se produce– el criterio para determinar las diferencias salariales. Segundo, conferir a los trabajadores poderes de decisión en lo que producen, para acabar así con la división corporativa y de clase en los sitios de trabajo. Tercero, la asignación no competitiva de recursos. “La asignación de recursos determina cuanto se usa y cuánto se produce de cada producto y donde termina. Por una parte, la asignación de recursos es el producto de decisiones; otra parte es decidida por la comunicación, la información, y los modos de comportamiento”. La asignación de recursos, como los demás aspecto de una economía social revolucionaria, debe ser, tanto del lado de los trabajadores, como de los consumidores, participativa.
En síntesis, lo que Michael Albert y Chomsky dicen en sus interrogantes es que el sentido político de la democracia participativa bolivariana no puede reducirse al crecimiento electoralmente numérico de sus seguidores, de los militantes de su partido, de las curules en las elecciones parlamentarias y presidenciales.
El sentido político tiene que ser estructural. Es decir, su sentido está también en otra parte. En los movimientos sociales autónomos, en las cooperativas y los consejos comunales, en las milicias de obreros y campesinos con poder armado para defenderse contra los sicarios a sueldo de los terratenientes y los empresarios expropiados, en los medios alternativos de comunicación; en la auto-gestión de la economía de un contra-poder revolucionario que deconstruya, simultáneamente, la estructura de poder-riqueza del capitalismo y los intereses de poder-riqueza estatal que obstruyen los avances revolucionarios hacia una sociedad más solidaria, más plural, más equitativa, más tolerante, más libre, más democrática, más abierta, más prospera.
Ahora bien, pasando del terreno de la realidad - porque ese socialismo es una alternativa real, presente aquí y ahora en los espacios de poder conquistados por el proceso bolivariano - a la imaginación, imaginación que es parte esencial de toda lucha, representémonos el escenario y el momento en que la gente sale a la calle a defender los beneficios que personal y socialmente han recibido de esa revolución. Si ya defendieron, contra la histeria mediática y el cinismo colaboracionista de la oposición venezolana, su ideal político, de qué heroísmos no serán capaces cuando tengan que defender la realidad de su revolución.
Esa defensa de la revolución bolivariana, “que ya puede contarse ahora, porque la necesidad misma está aquí en acción”(Nietzsche), es el motivo por el cual me he visto en la necesidad de deslindar las razones de Estado de las razones de la revolución, de las necesidades reales de las personas reales que el gobierno debe proteger y defender con sus políticas.
Mas sin embargo, ese Estado, ese gobierno y su presidente y la partido-cracia que le rinde culto, han puesto en peligro, y no es esta la primera vez, la seguridad de la revolución. No hay otra manera de calificar los acuerdos de colaboración militar y policial del Estado venezolano en la guerra contra las drogas y el terrorismo. Guerras del imperialismo que nada tienen que ver con las guerras revolucionarias. Pero esa es sólo la polvareda del embarre político que representa la abierta y pública colaboración militar y policial del Estado venezolano con el Para-estado colombiano y el gobierno de Santos.
La partidocracia chavista se halla y se hallará en el dilema político de tener que decidir, sin los vaivenes propios de la razón y la pragmática de los intereses de Estado, entre la guerra revolucionaria o las guerras del imperio.
Llegado ese momento, mientras el chavismo make up its mind, mientras Chávez dispone de los recursos del Estado venezolano para la guerra contra las drogas y el terrorismo, el presidente Santos, con el respaldo incondicional de la oligarquía colombiana, actuará en absoluta consonancia con los intereses capitalistas del imperio. De eso, solamente Chávez y la partidocracia que lo rodea, parece tener dudas.
Richard Falk escribió en su blog que los ataques fueron gestados, ejecutados y luego encubiertos por el gobierno norteamericano.
Naciones Unidas, 25 ene (EFE).- Estados Unidos pidió hoy el despido del relator especial de la ONU para la situación de los palestinos, Richard Falk, por su comentario sobre una supuesta versión oculta de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Susan Rice, aseguró que los comentarios del académico son "despreciables y profundamente ofensivos", por lo que los condenó "de manera enérgica".
"En mi opinión, los recientes comentarios del señor Falk son tan nocivos que debería quedarle claro a todo el mundo que no puede continuar en un cargo en que representa a la ONU", señaló en un comunicado la diplomática. Asimismo, recordó que varias delegaciones abandonaron el pleno de la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre cuando el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, realizó declaraciones similares sobre los atentados contra Nueva York y Washington.
Rice, que registró una protesta oficial ante el organismo mundial, consideró que los comentarios de Falk sobre el 11-S superan incluso "el enfoque parcial y politizado" con que el profesor universitario estadounidense suele acometer sus responsabilidades como relator de la situación de los derechos humanos en territorio palestino.
Los comentarios de Falk en su blog, en los que dijo que las autoridades de EE.UU. habrían encubierto las verdaderas causas de los ataques, también le valieron hoy la repulsa del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En la inauguración de la primera sesión del año del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, Ban los calificó de "retórica incendiaria" y aseguró que son "una afrenta a la memoria de las más de 3.000 personas que murieron en ese trágico atentado".
De todos modos, recordó que el despido del relator es una decisión que solo pueden adoptar los países que conforman el CDH.
Fuente: EFE
Naciones Unidas, 25 ene (EFE).- Estados Unidos pidió hoy el despido del relator especial de la ONU para la situación de los palestinos, Richard Falk, por su comentario sobre una supuesta versión oculta de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Susan Rice, aseguró que los comentarios del académico son "despreciables y profundamente ofensivos", por lo que los condenó "de manera enérgica".
"En mi opinión, los recientes comentarios del señor Falk son tan nocivos que debería quedarle claro a todo el mundo que no puede continuar en un cargo en que representa a la ONU", señaló en un comunicado la diplomática. Asimismo, recordó que varias delegaciones abandonaron el pleno de la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre cuando el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, realizó declaraciones similares sobre los atentados contra Nueva York y Washington.
Rice, que registró una protesta oficial ante el organismo mundial, consideró que los comentarios de Falk sobre el 11-S superan incluso "el enfoque parcial y politizado" con que el profesor universitario estadounidense suele acometer sus responsabilidades como relator de la situación de los derechos humanos en territorio palestino.
Los comentarios de Falk en su blog, en los que dijo que las autoridades de EE.UU. habrían encubierto las verdaderas causas de los ataques, también le valieron hoy la repulsa del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En la inauguración de la primera sesión del año del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Ginebra, Ban los calificó de "retórica incendiaria" y aseguró que son "una afrenta a la memoria de las más de 3.000 personas que murieron en ese trágico atentado".
De todos modos, recordó que el despido del relator es una decisión que solo pueden adoptar los países que conforman el CDH.
Fuente: EFE
El observatorio venezolano de los derechos humanos de las mujeres ha elaborado un documento que será llevado a la Asamblea Nacional en protesta por la eliminación de la sub comisión de la mujer, lo que significa un retroceso importante en las conquista de espacios de incidencia para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.
El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, en conocimiento de la integración de las Comisiones Parlamentarias decidida en la anterior Asamblea Nacional y que, según la actual Directiva del órgano legislativo habrá de funcionar para el período que recién se inicia, se siente en el deber ciudadano de expresar sus criterios sobre la inaceptable involución que significa la eliminación del tema de los derechos humanos de las mujeres venezolanas, de la estructura político administrativa que guiará el funcionamiento parlamentario. Dicha eliminación tiene implicaciones negativas de diverso orden:
1. Por una parte, confirma el carácter errático y la creciente disminución con el cual se han producido las decisiones parlamentarias sobre el tema de las mujeres en los últimos once años. Durante décadas las mujeres venezolanas de todas las tendencias políticas e ideológicas hemos luchado por elevar el rango político de las decisiones públicas sobre nuestros problemas. Gracias a ese esfuerzo logramos que en el extinto Congreso Nacional se creara con carácter permanente, la Comisión Bicameral de los Derechos de las Mujeres, de fructífera existencia. Esta desapareció el año 2000 cuando fue sustituida por una Comisión de la Familia, la Mujer y la Juventud, que significó un retroceso doctrinario y conceptual en el tratamiento de los asuntos de nuestra condición genérica. Dicha Comisión, fue objeto de modificaciones temporales, con el mismo énfasis retrógrado. Este proceso ha estado acompañado de retrocesos legislativos graves, como la invalidación del Artículo 144 de la Ley del Sufragio; con el incumplimiento en la nueva Ley Electoral de la prometida paridad electoral; por los efectos de la legislación que disminuye la situación de las organizaciones civiles, cuyo caso más reciente es la amenaza que se cierne sobre AVESA. El que actualmente haya desaparecido la Sub Comisión de la Mujer, es la demostración de un proceso que pareciera intentar eliminar definitivamente la consideración que merecen los temas que afectan a la mitad de la ciudadanía venezolana y para los cuales las legislaciones no pueden ser tratadas en una óptica de neutralidad de género, que no existe en la realidad.
2. Si las razones derivadas del legítimo derecho de las mujeres a defender sus logros no fuesen suficientes, si no se admiten los avances que internacionalmente se han venido ganando sobre el tema y si no se entendiese que los problemas que afectan a las venezolanas exigen la existencia de un órgano parlamentario especialmente dedicado a su atención, vale la pena que tienen el poder para corregir la decisión aludida tomen en consideración que Comisiones Parlamentarias sobre los derechos de las Mujeres existen actualmente en los órganos legislativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y si esto no bastará para tener una idea de la dimensión política que implica la eliminación que comentamos, es necesario destacar, entonces, la mora en la que se encuentran los trabajos del Poder Legislativo con los problemas de las mujeres venezolanas: a) No se ha hecho nada para concretar el mandato constitucional que consagra la seguridad social del “Ama de Casa”, en un país donde actualmente el 45% de las Jefas de Hogar son Mujeres y están concentradas en los sectores más desasistidos; b) Esta detenida indefinidamente la reforma del Código Penal, que mantiene normas que atentan abiertamente contra derechos elementales de las mujeres y prácticamente crean impunidad para ciertos agresores de las mujeres; c) Está paralizada la evaluación, actualización y mejora de la Ley del Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía inviable en varios sentidos; d) No se ha avanzado a una nueva Ley de Igualdad y Equidad cuyos dos proyectos discutidos en los 10 años pasados, resultaron inviables; y como estos otros ejemplos puramente legislativos por no decir nada de la parálisis de la actividad de proyección parlamentaria a la diversidad territorial de la población.
3. La eliminación que comentamos incumple abiertamente compromisos contraídos por el Estado venezolano con Pactos, Convenciones y Declaraciones internacionales y regionales de derechos políticos, civiles, económicos, culturales e incumple directamente la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de la cual Venezuela es Estado Parte, así como de su Protocolo Facultativo; además crea una oportunidad para que el Estado venezolano, pueda ser denunciado de acuerdo a la normativa del Protocolo, lo cual sería realmente penoso para todas y todos. Todos estos compromisos fueron suscritos en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Américanos, (OEA). Incluso el tema ha sido objeto de compromisos verbalizados por el Presidente de la República en sus acciones orientadas a crear nuevas formas de integración regional.
4. La eliminación de tema de los derechos de las mujeres es una clara y abierta contradicción con la línea política que ha desarrollado el Gobierno del Presidente Chávez desde el poder Ejecutivo. Hace once años sólo existía un Consejo Nacional de la Mujer y a partir de entonces, el gobierno ha ido elevando progresivamente la jerarquía político administrativa del organismo hasta llevarlo a lo que es actualmente un Ministerio del Poder Popular para los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género. Esto ocurre en el Poder Ejecutivo, mientras el Poder Legislativo, deteriora y hace desaparecer la consideración parlamentaria de nuestros problemas.
El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, en conocimiento de la integración de las Comisiones Parlamentarias decidida en la anterior Asamblea Nacional y que, según la actual Directiva del órgano legislativo habrá de funcionar para el período que recién se inicia, se siente en el deber ciudadano de expresar sus criterios sobre la inaceptable involución que significa la eliminación del tema de los derechos humanos de las mujeres venezolanas, de la estructura político administrativa que guiará el funcionamiento parlamentario. Dicha eliminación tiene implicaciones negativas de diverso orden:
1. Por una parte, confirma el carácter errático y la creciente disminución con el cual se han producido las decisiones parlamentarias sobre el tema de las mujeres en los últimos once años. Durante décadas las mujeres venezolanas de todas las tendencias políticas e ideológicas hemos luchado por elevar el rango político de las decisiones públicas sobre nuestros problemas. Gracias a ese esfuerzo logramos que en el extinto Congreso Nacional se creara con carácter permanente, la Comisión Bicameral de los Derechos de las Mujeres, de fructífera existencia. Esta desapareció el año 2000 cuando fue sustituida por una Comisión de la Familia, la Mujer y la Juventud, que significó un retroceso doctrinario y conceptual en el tratamiento de los asuntos de nuestra condición genérica. Dicha Comisión, fue objeto de modificaciones temporales, con el mismo énfasis retrógrado. Este proceso ha estado acompañado de retrocesos legislativos graves, como la invalidación del Artículo 144 de la Ley del Sufragio; con el incumplimiento en la nueva Ley Electoral de la prometida paridad electoral; por los efectos de la legislación que disminuye la situación de las organizaciones civiles, cuyo caso más reciente es la amenaza que se cierne sobre AVESA. El que actualmente haya desaparecido la Sub Comisión de la Mujer, es la demostración de un proceso que pareciera intentar eliminar definitivamente la consideración que merecen los temas que afectan a la mitad de la ciudadanía venezolana y para los cuales las legislaciones no pueden ser tratadas en una óptica de neutralidad de género, que no existe en la realidad.
2. Si las razones derivadas del legítimo derecho de las mujeres a defender sus logros no fuesen suficientes, si no se admiten los avances que internacionalmente se han venido ganando sobre el tema y si no se entendiese que los problemas que afectan a las venezolanas exigen la existencia de un órgano parlamentario especialmente dedicado a su atención, vale la pena que tienen el poder para corregir la decisión aludida tomen en consideración que Comisiones Parlamentarias sobre los derechos de las Mujeres existen actualmente en los órganos legislativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y si esto no bastará para tener una idea de la dimensión política que implica la eliminación que comentamos, es necesario destacar, entonces, la mora en la que se encuentran los trabajos del Poder Legislativo con los problemas de las mujeres venezolanas: a) No se ha hecho nada para concretar el mandato constitucional que consagra la seguridad social del “Ama de Casa”, en un país donde actualmente el 45% de las Jefas de Hogar son Mujeres y están concentradas en los sectores más desasistidos; b) Esta detenida indefinidamente la reforma del Código Penal, que mantiene normas que atentan abiertamente contra derechos elementales de las mujeres y prácticamente crean impunidad para ciertos agresores de las mujeres; c) Está paralizada la evaluación, actualización y mejora de la Ley del Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía inviable en varios sentidos; d) No se ha avanzado a una nueva Ley de Igualdad y Equidad cuyos dos proyectos discutidos en los 10 años pasados, resultaron inviables; y como estos otros ejemplos puramente legislativos por no decir nada de la parálisis de la actividad de proyección parlamentaria a la diversidad territorial de la población.
3. La eliminación que comentamos incumple abiertamente compromisos contraídos por el Estado venezolano con Pactos, Convenciones y Declaraciones internacionales y regionales de derechos políticos, civiles, económicos, culturales e incumple directamente la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de la cual Venezuela es Estado Parte, así como de su Protocolo Facultativo; además crea una oportunidad para que el Estado venezolano, pueda ser denunciado de acuerdo a la normativa del Protocolo, lo cual sería realmente penoso para todas y todos. Todos estos compromisos fueron suscritos en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Américanos, (OEA). Incluso el tema ha sido objeto de compromisos verbalizados por el Presidente de la República en sus acciones orientadas a crear nuevas formas de integración regional.
4. La eliminación de tema de los derechos de las mujeres es una clara y abierta contradicción con la línea política que ha desarrollado el Gobierno del Presidente Chávez desde el poder Ejecutivo. Hace once años sólo existía un Consejo Nacional de la Mujer y a partir de entonces, el gobierno ha ido elevando progresivamente la jerarquía político administrativa del organismo hasta llevarlo a lo que es actualmente un Ministerio del Poder Popular para los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género. Esto ocurre en el Poder Ejecutivo, mientras el Poder Legislativo, deteriora y hace desaparecer la consideración parlamentaria de nuestros problemas.
Posted: 25 Jan 2011 10:41 AM PSTPor Steve Watson: infowars.com – prisonplanet.com
Hemos denunciado durante mucho tiempo el hecho de que grupos como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral y/o el Council on Foreign Relations dirigen el mundo hacia un sistema de control centralizado único a través de agentes en el poder que pertenecen a estos grupos. Algo que los medios corporativos o niegan o censuran, con algunas excepciones, como un artículo bastante extraño en la revista The Economist de hoy, que aborda esta estructura de poder. El artículo, lejos de rechazarlo todo como una teoría de la conspiración, simplemente reafirma el hecho de que un club elite cosmopolita decide en reuniones secretas la política del mundo que esta “superclase” en el futuro próximo quiere habitar.
Por supuesto, The Economist no suele hablar de la conspiración o de estos grupos ya que su editor es un participante regular en la conferencia anual de Bilderberg, algo que orgullosamente reconoce el escritor al principio del artículo. Empieza ridiculizando las denuncias de que el Club Bilderberg es "una conspiración para dominar el mundo”, y luego prosigue afirmando que en realidad sí, el grupo realmente domina los acontecimientos mundiales.
Dice que Bilderberg fue responsable por la moneda única europea, que acoge a los aristócratas y magnates más influyentes del mundo, así como un grupo selecto de periodistas representantes de los mega-medios corporativos que han jurado cumplir las normas de Chatham House, lo que significa que no se puede revelar ninguna de las "grandes ideas" que nacen en las reuniones.
"El mundo es un lugar complicado, con océanos de nueva información dando vueltas." continúa: "Para ejecutar una organización multinacional, ayuda mucho tener una idea aproximada de lo que está pasando. También ayuda estar “entre amigos” en compañía de los demás "globocratas". Por lo tanto, los financieros cosmopolitas de élite internacional, los burócratas, los jefes de la caridad y grandes pensadores, para conocerse y dialogar, acuden a estas reuniones de elite y/o forman clubes."
Los clubes más influyentes, según el artículo, son el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), la Comisión Trilateral, el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el Grupo de los Treinta (G30). Ahora están desenmascarando su naturaleza secreta y revelándose al mundo. Las altas sociedades secretas se están abriendo", reconoce el artículo.
El artículo continua exponiendo algunos ejemplos de los principales eventos internacionales que se han orquestado en los últimos años en las reuniones de élite, incluidos los acuerdos diplomáticos e incluso las decisiones sobre las grandes guerras. "Estas reuniones son una parte importante de la historia de la superclase ", The Economist cita al ex asesor de Henry Kissinger, David Rothkopf, autor del libro The Global Power Elite and the World They Are Making.(La élite del Poder Global y el Mundo que Crean).
"Lo que estos grupos ofrecen es el acceso a los líderes más inaccesibles del mundo que en realidad son los mecanismos informales del poder mundial", Rothkopf añade.
Sin embargo, la crisis financiera, insta el artículo, no es culpa de esta globocracia de élite. Asegura que los banqueros internacionales bajaron la guardia y fueron sorprendidos por la crisis mientras algunos corruptos saquearon el sistema. En última instancia el artículo intenta convencer a los lectores que la presencia de una elite internacional interconectada realmente salvara al mundo del colapso financiero total y así que podamos dormir tranquilos.
Por supuesto, cualquier persona que sigue de cerca la actividad de estos grupos de élite diría que de ninguna manera fueron sorprendidos con la guardia baja y estaban plenamente conscientes de que la crisis estaba siendo cuidadosamente orquestada desde el 2006. Los informes de las reuniones de Bilderberg en Canadá en el 2006 y en Turquía en el 2007 predijeron una caída mundial de la vivienda y pronosticaron una prolongada crisis financiera como resultado. El hecho es que el grupo ha estado debatiendo precisamente la forma en que llevar la crisis desde el principio hasta el fin. Parece ser que se ha encargado a la EL ECONOMISTA con la tarea ahora de limpieza de imagen debido al creciente interés en el “Gobierno en las Sombras”.
No hace mucho tiempo cualquier que hablara siquiera de la existencia del Club Bilderberg, mucho menos sugerir que manipulara los principales acontecimientos del mundo, hubiera sido rotundamente tachado de chiflado. Hoy en día las afirmaciones mismas constituyen la materia de editoriales en la prensa mundial del mundo.
Versión Original
traducido por Greg Grisham
investigar11s.org
Haciendo lo que los periodista$ y ON€ españoles cobran por no hacer.
http://www.investigar11s.org
En una comunicación remitida el 26.01.11, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), solicitó a la Directiva de la Asamblea Nacional el inicio de los procedimientos correspondientes para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Roger Cordero Lara (PSUV), autor material del asesinato de 24 personas, el 04 de octubre de 1982, en la llamada “Masacre de Cantaura”. En su comunicado Provea aseguró: “Nos preocupa que se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la Masacre de Cantaura obliga al parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables”.
A continuación transcribimos la totalidad de la comunicación, que fue recibida y sellada por la Asamblea Nacional el 26.01.11:
“Caracas 24.01.2011
Ciudadanos:
Fernando Soto Rojas y Aristóbulo Isturiz
Ciudadana Blanca Eekhout
Integrantes de la Directiva de la Asamblea Nacional.
Presente:
Reciban de parte de quienes integramos el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) un cordial saludo. Como ustedesconocerán, desde el año 1988 hemos promovido y defendido la vigencia de los derechos humanos en el país. Durante 22 años hemos acompañado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. En el golpe de Estado de 2002 velamos por la integridad física y personal de algunos de quienes hoy conforman el parlamento y el gobierno incluyendo al propio presidente Chávez.
Durante 22 años hemos luchado contra la impunidad y reclamado justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos 22 años acompañando a las víctimas de la masacre del El Amparo ocurrida en 1988 y con nuestra asesoría logramos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de víctimas de graves violaciones a los derechos. Hoy continuamos exigiendo justicia en este caso.
En 1999 mediante una acción de amparo constitucional logramos desclasificar el expediente de la masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y reapertura del caso en los tribunales civiles.
Durante años hemos mantenido contacto con familiares de las víctimas de la masacre de Cantaura y con sobrevivientes de esa masacre. Con ellos hemos exigido investigación de lo ocurrido, reapertura en tribunales ordinarios y castigo a los culpables.
Nuestro combate a la impunidad nos obligó a pronunciarnos públicamente en medio del proceso electoral para que tanto los candidatos José Sánchez “Mazuco” y el ciudadano Roger Cordero no fuesen electos pues ello dificultaría la investigación de los hechos en los cuales se les involucra.
En el caso del actual diputado por el PSUV Cordero Lara hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indican que este ciudadano comandó uno de los aviones que en la madrugada del 04 de octubre de 1982 bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura estado Anzoátegui. Ese día, como todos ustedes conocen, una operación combinada de militares y policías produjo la Masacre de Cantaura en la cual fueron asesinados 24 revolucionarios.
A continuación transcribimos la totalidad de la comunicación, que fue recibida y sellada por la Asamblea Nacional el 26.01.11:
“Caracas 24.01.2011
Ciudadanos:
Fernando Soto Rojas y Aristóbulo Isturiz
Ciudadana Blanca Eekhout
Integrantes de la Directiva de la Asamblea Nacional.
Presente:
Reciban de parte de quienes integramos el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) un cordial saludo. Como ustedesconocerán, desde el año 1988 hemos promovido y defendido la vigencia de los derechos humanos en el país. Durante 22 años hemos acompañado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. En el golpe de Estado de 2002 velamos por la integridad física y personal de algunos de quienes hoy conforman el parlamento y el gobierno incluyendo al propio presidente Chávez.
Durante 22 años hemos luchado contra la impunidad y reclamado justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos 22 años acompañando a las víctimas de la masacre del El Amparo ocurrida en 1988 y con nuestra asesoría logramos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de víctimas de graves violaciones a los derechos. Hoy continuamos exigiendo justicia en este caso.
En 1999 mediante una acción de amparo constitucional logramos desclasificar el expediente de la masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y reapertura del caso en los tribunales civiles.
Durante años hemos mantenido contacto con familiares de las víctimas de la masacre de Cantaura y con sobrevivientes de esa masacre. Con ellos hemos exigido investigación de lo ocurrido, reapertura en tribunales ordinarios y castigo a los culpables.
Nuestro combate a la impunidad nos obligó a pronunciarnos públicamente en medio del proceso electoral para que tanto los candidatos José Sánchez “Mazuco” y el ciudadano Roger Cordero no fuesen electos pues ello dificultaría la investigación de los hechos en los cuales se les involucra.
En el caso del actual diputado por el PSUV Cordero Lara hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indican que este ciudadano comandó uno de los aviones que en la madrugada del 04 de octubre de 1982 bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura estado Anzoátegui. Ese día, como todos ustedes conocen, una operación combinada de militares y policías produjo la Masacre de Cantaura en la cual fueron asesinados 24 revolucionarios.
El ciudadano presidente de la república menciono en una reunión nacional de su partido algo que me llamo profundamente la atención, comento que el partido de gobierno PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela por sus siglas en español) se encontraba a espaldas del pueblo, por lo tanto los militantes del antes mencionado partido que se encuentran en cargos de poder también, aunque seria grosero generalizar esto en un cien por ciento de de los funcionarios públicos que representan el estamento ejecutivo del gobierno, debo aclara que conozco funcionarios honrados y eficientes.El viernes 14 de enero del corriente año un grupo de ciudadanos y ciudadanas ejecuto la ocupación ilegal (invasión) de un lote de casas baldías que forman parte del desarrollo urbanístico Mesa de Cavacas tercera etapa ubicada en la carretera nacional Guanare Biscucuy frente de la UNELLEZ en Guanare estado Portuguesa, misma que fueron construidas por la Sociedad Mercantil Viviendas Modernas C.A. VIMOCA presidida el ciudadano Ángel Esteban García Sánchez.
Los antecedentes de este barril de pólvora son los siguientes, en fecha de 30 de abril de 2010 los propietarios legítimos de las casas de este desarrollo urbanístico procedieron a denunciar ante el INDEPABIS la tan irregular situación de la empresa constructora causa que reposa en el Expediente Nº 100504-107-G, expediente que el señor Luis Parada nunca envió a INDEPABIS Caracas, por ante la DEFENSORÍA DEL PUEBLO del estado Portuguesa en fecha de 13 de octubre de 2010 Expediente Nº P-10-00459, de la misma forma y con fecha de 14 de diciembre de 2010 en el Ministerio Publico del estado Portuguesa en la Fiscalía Primera bajo la causa Nº 18-fol-1C-860-10, señalando la practica no ética y no apegada a la norma comercial usando como modus operandis para el cobro ilegal del IPC, la siguiente forma. Desde el año 2005 Viviendas Modernas C.A, pacto en un primer momento la venta de un grupo de viviendas a un monto promedio de Bs + 65.000,00 con un enganche imputable a la cuota inicial de Bs 4.000,00 Posterior a eso les informaban a verbalmente a los compradores que de acuerdo a evaluación de la entidad financiera el valor de la vivienda se había incrementado de Bs 65.000,00 a Bs 85.000,00, posteriormente y con el mismo argumento se iba incrementando el costo total de la vivienda así como el de la cuota inicial de Bs 85.000,00 a Bs 105.000,00, luego de Bs 105.000,00 a Bs 135.000,00, después de Bs 135.000,00 a Bs 150.000,00 actualmente se manejan costos hasta de Bs 290.000,00. En un rango de tiempo no superior a 3 años y jugando con la necesidad de los compradores Viviendas Modernas C.A incremento el costo de las casa en + un 107% del costo inicialmente pactado.
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