Congreso Cultural Cabimas 2008

Gobierno apela a operadores políticos indígenas para justificar la criminalización de Sabino Romero

Por: Laclase.info

Los operadores de la "guerrilla mediática gobiernera" han convertido al preso político yukpa Sabino Romero en el centro de sus ataques. Aporrea.org ha publicado y colocado en la sección de notas destacadas una reseña titulada "La detención de Sabino y Olegorio Romero no está relacionada con la demarcación", correspondiente a una entrevista realizada por la emisora radial Albaciudad, en la que personas cercanas al Ministerio de Asuntos Indígenas justifican la criminalización de Sabino Romero y desvinculan su caso de la lucha por territorio.

Para contrarrestar lo que consideran "una notable cobertura mediática internacional" a la huelga de hambre realizada por el cura jesuita José María Korta, Ramón Sanare, y Wu Limin, en la que se exigía la libertad de Sabino Romero y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Albaciudad entrevistó a Amalia Pérez, y otros dos dirigentes yukpas vinculados al Ministerio de Asuntos Indígenas. Pérez fue la responsable directa de la movilización a Caracas de más de 30 indígenas, la semana pasada, para hostigar la huelga de hambre realizada por Korta.

Pérez y los otros dos dirigentes entrevistados son jefes de "centros pilotos", estructuras concebidas e instrumentadas por el gobierno para destruir el tejido social y cultural indígena, corporativizando y maniatando políticamente a los pueblos originarios.

No obstante, las contradicciones afloraron en el discurso de estos operadores políticos del gobierno. Pérez admite que el enfrentamiento en el que Sabino resultó gravemente herido, y que sirvió al gobierno para su criminalización, ocurre en el contexto de la puesta en escena gubernamental con la que se pretendió dar por saldado el conflicto territorial, con el acto realizado el 12 de octubre de 2009. "Ese problema ocurrió un día después que demarcaron a las comunidades", admite Pérez.

¿Presidio político humanitario?
Sabino Romero es un preso político indígena, castigado por ubicarse en la vanguardia de la lucha por la recuperación de los territorios usurpados por ganaderos en Perijá. Hasta ahora, el gobierno ha utilizado varios argumentos para intentar justificar la violación de la Constitución en lo que respecta al derecho de los pueblos indígenas a aplicar la justicia de acuerdo con sus propias tradiciones. El más cínico ha sido el argumento presentado por Amalia Pérez, quien plantea en la entrevista que Sabino Romero no puede ser juzgado de acuerdo a las tradiciones indígenas, porque ello implicaría la aplicación de la pena de muerte. Lo sorprendente es que, en realidad, se está juzgando a Sabino Romero por hechos en los que sufrió un atentado contra su vida, al recibir dos impactos de bala por la espalda. Como el atentado fracasó, ahora el gobierno pretende decir que mantenerlo preso es evitar que se le aplique la pena de muerte. Más cinismo, imposible.

Ataque brutal gobiernero
Héctor Romero, otro entrevistado, arremetió con saña contra Korta, de quien dijo: "este señor fue manipulado... vi pancartas de que él estaba apoyando a un criminal, por decirlo así". Según Romero, el encargado de "manipular" a Korta habría sido el activista por los derechos indígenas Lusbi Portillo. Más adelante, Romero se desmarca de la lucha autónoma librada por Sabino, quien emprendió la recuperación de haciendas, ante la no resolución del problema territorial. Romero aclara que en su caso, cooperó con el gobierno y los hacendados. "Yo como cacique mayor, hice todos los procesos de demarcación pacíficamente, respetando a los vecinos y hacendados. Le doy gracias a Dios y a nuestro Comandante, Hugo Chávez Frías", expresó. Queda claramente ilustrada la política gubernamental: cárcel y muerte para los que luchan; recompensas para los que se disciplinan y renuncian a luchar por territorio.

No es este el primero ni será el último ataque mediático, en esta guerra sucia que libra el gobierno, por mandato de los ganaderos y las transnacionales mineras, contra las comunidades indígenas que luchan por territorio en Perijá. Pero la lucha sigue.