Congreso Cultural Cabimas 2008

Dr. Edgar Jaimes, Prof. Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo

Muy oportuno resultó el análisis global de la actual situación política de Venezuela que hiciera público la organización revolucionaria “Tercer Camino”. Dada la pertinencia e importancia del mismo, ocupo el espacio de mis artículos semanales para reproducirlo con tan sólo algunas modificaciones de redacción, síntesis y estilo que en nada alteran el propósito del documento, el cual fue suscrito por Douglas Bravo, Francisco Prada, Enrique Contreras, Alcedo Mora, Rosa Pérez, María Mirabal, Mara Cumaná, Antonio Avendaño, Tito Núñez, entre otros dirigentes revolucionarios. Los aspectos centrales del documento son los siguientes:

1º) La estabilidad política e institucional de Venezuela se encuentra en crisis. El descontento popular ya alcanza niveles que significan un serio cuestionamiento al sistema político conocido como la “quinta república”. El movimiento campesino ha perdido toda esperanza de acceder a las tierras de vocación agrícola, al mismo tiempo que surgen nuevos terratenientes y latifundistas. La producción agropecuaria no garantiza la soberanía alimentaria, más de la mitad del presupuesto nacional debe ser destinado a comprar alimentos en el exterior.

2º) La contratación colectiva mediante la cual los trabajadores defienden y mejoran sus derechos económicos y sociales, ha sido férreamente limitada. El derecho social a una vivienda digna y segura aún no se satisface.

3º) La corrupción administrativa alcanza todos los niveles de la administración pública. Los cuerpos policiales cometen mensualmente centenares de asesinatos, fundamentalmente contra habitantes de los barrios populares, sin que se produzcan las sanciones penales correspondientes, como tampoco ocurre en los casos de corrupción administrativa.

4º) La crisis financiera mundial amenaza seriamente la estabilidad económica del país, ya que el gobierno nacional ha profundizado la dependencia de Venezuela con la renta petrolera. En ese marco la caída de los precios del petróleo ha traído como consecuencia un marcado déficit fiscal que afecta el derecho a la educación, a la salud, la construcción de viviendas y de otras obras públicas, la producción agropecuaria, entre otros derechos.

5º) Es tan evidente el delito de traición a la patria en que ha incurrido el Presidente de la República, en su política de endeudamiento externo, que el préstamo otorgado por la República de Brasil, por un monto superior a los 4.300 millones de dólares, fue garantizado con reservas de petróleo de la Faja del Orinoco, con lo cual parte del territorio nacional quedó hipotecado y bajo el dominio de factores extranjeros, lo cual constituye una flagrante violación del artículo 12 de la Constitución de la República, según el cual: “Los yacimientos…de hidrocarburos…existentes en el territorio nacional…son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescindibles…”.

6º) Es importante destacar que la Asamblea Nacional, con la excepción de algunos diputados, también es responsable de estos actos que vulneran la soberanía territorial y económica de Venezuela, ya que dicho ente legislativo reformó el artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, que prohibía “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales…”, con el claro propósito de permitirle al Ejecutivo Nacional adelantar tales endeudamientos.

7º) Otra delito de “lesa patria” cometido por el gobierno chavista es el referido a la negociación que, en forma secreta, se adelantaba con el gobierno colombiano sobre la delimitación del Golfo de Venezuela. En efecto, Francisco Neves Croes, miembro de la Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia, puso en evidencia la proposición avalada por el embajador de Venezuela, según la cual dicha negociación: “…se trataba de una repartición, en la cual se han asignado al vecino país áreas para las cuales carece de título jurídico, mientras que Venezuela sí los posee en cantidad y calidad suficientes…”.

8º) Estos comportamientos del gobierno nacional han provocado un creciente desencanto de la población venezolana hacia la pretendida “revolución”, al extremo que después de cuatro semanas de un gran esfuerzo nacional, con el apoyo del CNE y de toda la administración pública, no han logrado que más del 20% de los militantes del PSUV ratifiquen su voluntad de pertenecer a dicha organización política.

9º) En este contexto, la ilegitimidad del sistema político es ya una realidad. Las luchas sociales han comenzado a ser impulsadas por nuevos liderazgos obreros, estudiantiles, campesinos, indígenas, educadores, profesionales y religiosos, quienes con autonomía e independencia prefiguran un proceso constituyente originario y popular que producirá el desplazamiento del poder constituido. En ese sentido, el Gobierno Nacional no respetará las expresiones de soberanía política y autodeterminación histórica del pueblo venezolano y, en consecuencia, no entregarán dignamente el poder político a ese nuevo poder constituyente originario. Para ello el gobierno tiene preparado un amplio plan represivo en contra del derecho a la vida, reunión, manifestación pública, libertad de expresión, huelga, inviolabilidad del hogar y al debido proceso, a nombre de la “revolución y el socialismo”, con la anuencia de los poderes públicos (Judicial, Ciudadano, Legislativo y Electoral), toda vez que han demostrado una total sumisión ante el poder ejecutivo nacional.

Hacemos un llamado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las estudiantiles, obreras, campesinas, religiosas, vecinales, profesionales, entre otras, a constituir un gran frente nacional en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Fortalezcamos la Red 333. No a la represión policial y militar. Defendamos el derecho a la disidencia. Activemos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente Originaria y Popular.

jaimes@ula.ve