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“Yo he sido tierra desangrada y tan solo me han restañado mis heridas con el falso bálsamo de un utópico progreso donde la verdadera cultura ha sido nula. Mis hijos tan sólo se han contentado en ver alzarse tormentosos, chupadores de mi savia. Me han llenado de úlceras; pero hoy me he sentido con mi corazón repleto de alegría y esperanza ante la presencia de este evento que me ha traído un mensaje de un porvenir espiritual que redundará en progreso material, también. Así lo dice hoy la ciudad de Cabimas en este día glorioso”. Salvador Valero. Cabimas 1970.

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NO te dejes engañar, un DISCURSO con otra ACCION = FASCISMO
Dr. Edgar Jaimes, Profesor Titular del NURR-ULA, Trujillo.

En la parte I de este análisis se presentaron los principios establecidos por los organismos internacionales (ONU y CIDH-OEA) y por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), mediante los cuales se norma el derecho de expresión en todo el mundo, América y Venezuela.

En efecto, el Artículo 57 de la CRBV dice: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos,…, por escrito…. y de hacer uso… de cualquier medio…... , sin que pueda establecerse censura…”.

Con base en estos principios, comentaré de manera crítica, los textos parciales de algunos de los diecisiete artículos contenidos en el diferido proyecto de ley sobre delitos mediáticos, presentado ante la Asamblea Nacional por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Art. 1. Objeto de la Ley. “Esta ley tiene por objeto prevenir y sancionar… delitos…, con el propósito de lograr…el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos…”. Comentario (C): De acuerdo con esta disposición el régimen chavista descubrió, diez años después, que han los medios de comunicación los responsables del incremento de los delitos y la criminalidad, que tiene en jaque la seguridad ciudadana en Venezuela, desde hace mucho tiempo.
Art. 4. Definición de delitos mediáticos. “Constituyen delitos mediáticos las acciones… que lesionen el derecho a la información…que atenten contra la paz, la seguridad…de la nación, el orden público…la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación….”. C: Mayor censura no es posible. Hasta el soliloquio de Chávez los domingos (Aló Presidente, cadenas nacionales, incluidas) y los bodrios de La Hojilla y los Papeles de Mandinga, que se transmiten por Venezolana de Televisión (VTV), tendrían que haber salido del aire porque a través de ellos se comete todo tipo de abusos de poder y delitos mediáticos.
Art. 5. Divulgación de noticias falsas. “Toda persona que divulgue… noticias falsas….será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años”. C: Y quien divulgare las verdaderas también hubiese sido sancionado, sencillamente porque el censor encargado de comprobar la veracidad de una información sería un funcionario del gobierno. De esta forma, noticias que dieran cuenta de los actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno; el hostigamiento, persecución, asedio y hasta el asesinato de disidentes o perseguidos políticos, además de otras violaciones a los derechos humanos cometidos por los cuerpos policiales-militares; entre otros abusos, hubiera sido objeto de censura, importando poco lo verdadera que fueran las noticias.
Art. 6. Manipulación de noticias. “Toda persona que…tergiverse la noticia…será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años.”. C: Igual al anterior.
Art. 7. Negativa a revelar información. El director….de un medio…que se niegue a revelar la identidad del autor de…un artículo periodístico publicado…en forma anónima… será castigado con una pena de….”. C: El diferimiento de la ley impidió conocer la identidad del famoso personaje que escribe barrabasadas en el Diario VEA con el seudónimo de “Marciano”.
Art. 9. Coacción mediática. “Los propietarios…de medios…que empleen éste para amenazar, intimidar, coaccionar o…infundir un temor a otros, será castigado con pena…de uno a tres años.”. C: Presidente Chávez, de haberse promulgado tal adefesio jurídico, usted tendría que haberse inhibido de seguir intimidando y amenazando a la población con su “…gas del bueno…” y con la advertencia de que su “…revolución es pacífica, pero armada…”. En ese sentido, fue una lamentable pérdida para la mayoría del pueblo venezolano ya que tendrá que seguir soportando sus amenazas, ofensas y difamaciones.
Art. 10. Omisión voluntaria de suministrar información. “Los propietarios…de medios…que…se negaran a informar…según lo consagrado en el artículo 58 de la CRBV, serán sancionados con prisión….”. C: ver el comentario del artículo 5.
Art. 11. Instigación. “El que por cualquier medio…realizare publicaciones destinadas a promover la guerra, la violencia, o el odio…entre sus habitantes….será sancionado con pena de….”. C: Una de las consecuencias del diferimiento de esta ley fue que el Presidente Chávez, mujiquitas incluidos, perdieron una excelente ocasión de promover la paz, la armonía entre los ciudadanos, la no violencia, el amor, la amistad entre los pueblos, la no intervención en los asuntos de otros países, dejar de insultar a Presidentes de otras naciones o a intelectuales, disidentes o no, que expresaren opiniones críticas de su régimen. Sandeces como “…si estás conmigo eres mi amigo, si estás en contra eres mi enemigo…”, o una más reciente, proferida por el inefable Rafael Ramírez, Presidente de PDVSA: “…odio a la burguesía…”, nunca más se hubiesen escuchado por el espectro radioeléctrico o televisivo.
Art. 13. Exenciones de responsabilidades. “Los responsables de los medios…no incurrirán en… delitos…por los comentarios emitidos por… personas… en transmisiones en vivo, siempre y cuando se le advierta al emisor...que pudiera estar incurriendo en violación de leyes…”. C: Lastima que la discusión y posterior aprobación de este proyecto de Ley se haya congelado, porque este artículo daba pié al gobierno para contratar los servicios de Leopoldo Castillo y su Aló Ciudadano. Ciertamente, el redactor del mismo debió ser un asiduo seguidor de este programa porque transcribió, casi textualmente, la advertencia que hace este productor independiente cuando entrevista a algún invitado, sobretodo si son opositores o disidentes.
Además, el régimen perdió una oportunidad de oro para acabar con Globovisión y, de paso, copar la totalidad de la tele-audiencia a través de los medios de comunicación oficialistas porque, según todas las encuestas de radio y televisión, ninguno de los canales de televisión y radio manejados por el gobierno superan el 3% de tele-audiencia, mientras que solo Aló Ciudadano supera el 35%. Aclaro: veo poco ese programa y, aún menos, el monólogo de Aló Presidente.
jaimes@ula.ve
Dr. Edgar Jaimes, Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo
A raíz de la propuesta de la Ley de Delitos Mediáticos, mejor conocida como la “Ley Censura”, presentada el 30-08-09 por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ante la Asamblea Nacional, sumado al cierre de 34 emisoras de radio, junto a la amenaza de cierre de otras doscientas diez en todo el país, son los motivos del rechazo total a nivel nacional e internacional a tan aberrante actitud de abuso de poder, sólo comparable con la violación de derechos humanos cometida por regímenes fascistas o dictatoriales como los liderados por Hitler, Stalin, Mussolini, Franco y Pinochet, entre otros.

De esta forma, Hugo Chávez (HC) sube otro peldaño en su afán de situarse más cerca de la galería de sátrapas totalitarios que quisieron imponer una visión única del mundo. Al igual que sus antecesores, terminará mordiendo el polvo de la derrota, junto a sus corruptos y mujiquitas, producto de la resistencia cívica e inteligente que hacen las “mujeres y hombres-pueblo” que sí aman y luchan por una Venezuela democrática y verdaderamente socialista.

El propósito de este artículo es presentar a la opinión pública los aspectos conceptuales y los principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) a los fines de que la ciudadanía conozca el contexto jurídico-legal con base al cual es perentorio iniciar y mantener una eficaz lucha y una efectiva resistencia en contra de esta “Ley Censura” hasta lograr su total neutralización. Posteriormente realizaré un análisis crítico de algunos de los diecisiete artículos contenidos en dicha ley. Por razones de espacio me limito a citar parcialmente dichos principios, recomendando a los lectores visitar las páginas web de dichas organizaciones.

En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en el año 1948, establece en su Artículo 19 que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

Posteriormente, la CIDH-OEA en su 108º periodo ordinario de sesiones reafirmó la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho; toda vez que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión. Es pertinente recordar que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados sino un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre y demás Convenciones e instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

La CIDH-OEA, con base en las consideraciones previas, adoptó la siguiente Declaración de Principios:

1. “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.”
2. “Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación…”
3. “Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa…”
4. “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho…”
5. “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley….”
6. “Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma….”
7. “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales….”
8. “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.”
9. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión….”
10. “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles….”
11. “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información…..”
12. “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación".
13. “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”
jaimes@ula.ve
El Gobierno de los EE.UU. aseguró que no tiene planes de establecer bases militares en Colombia, pero América Latina desconfía por el recuerdo aún vivo en la memoria de una larga serie de injerencias de Washington en la región.

Estados Unidos y Colombia negocian un acuerdo cuyo objetivo es, según el presidente estadounidense, Barack Obama, estrechar la cooperación bilateral, mediante el uso compartido de bases colombianas.

Pese a estas palabras de Obama y otras del mismo tenor de funcionarios estadounidenses, los gobiernos latinoamericanos siguen desconfiando de la presencia militar estadounidense, según coincidieron expertos consultados por la agencia “EFE”.

"Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos", aseguró el vicepresidente de Política del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, que señaló que permanece en la memoria "la historia de intervención de los Estados Unidos en la región y el apoyo a regímenes militares" en el pasado.

El Gobierno de Venezuela, vecino de Colombia, con cuyas autoridades tiene constantes roces, es al que más le alarmó el anuncio del acuerdo colombo-estadounidense, pero en Cuba, Ecuador, Nicaragua y Bolivia también se han encendido luces rojas.

En su reciente gira por algunos países suramericanos para explicar el contenido del acuerdo con los EE.UU., el presidente colombiano, Álvaro Uribe, no cosechó un gran respaldo, pero al menos se aseguró el "respeto" condicionado de los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para la decisión "soberana" de Colombia de prestar las bases a los estadounidenses.

"Es una reacción que encaja con la sensibilidad y el ánimo en la región", aseguró Shifter, quien opina que "para superar la desconfianza no basta la elección de Obama. Es un buen inicio, pero todavía va a llevar tiempo".

El acuerdo contempla el uso compartido de hasta siete bases militares colombianas para la lucha contra el narcotráfico, que hasta hace menos de un mes se dirigía desde la base ecuatoriana de Manta, cuya concesión no fue renovada por el Gobierno de Ecuador. Pero todavía se desconoce si incluirá otros aspectos, según indicó a la agencia “EFE” un portavoz del Comando Sur de los EE.UU.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó a los EE.UU. de planear "una guerra" entre países "hermanos" y a Colombia de "entregarle a los Estados Unidos su territorio para que desde ahí continúe planificando agresiones".

Sin embargo, según el director de la consultora internacional McLarty Associates, Stephen Donehoo, el hecho de que los EE.UU. haya optado por Colombia "no es nada nuevo", pues ambos llevan casi una década colaborando a través del Plan Colombia.

"EE.UU. no tiene intención alguna de invadir algún país en este hemisferio", afirmó.

Pero, agregó, "sí tiene un interés muy claro en intentar contrarrestar el narcotráfico, que en el caso de Colombia está íntimamente relacionado con el terrorismo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional)", considerados grupos terroristas por EE.UU. y la Unión Europea.

Ante la posibilidad de que se amplíen los objetivos de la misión a la lucha contra el terrorismo, Donehoo recordó que EE.UU. tiene acuerdos con la mayoría de países del mundo para combatir el terrorismo.

"No se qué país vecino no quiere que haya actividades contra el terrorismo", subrayó Donehoo.

El Gobierno colombiano está enfrentado, y con las relaciones cortadas o "congeladas", con Ecuador y Venezuela, precisamente a consecuencia de los presuntos nexos de las FARC con esos países vecinos.

Para Obama, la preocupación de Colombia por la actividad de las FARC en la frontera es "legítima", pero también ha expresado el deseo de que ese país y sus vecinos puedan "operar de forma pacífica" y resolver los problemas con diálogo.

Obama explicó que el acuerdo que se negocia con Colombia es una actualización de la cooperación militar que ya mantienen y, sin citar nombres, ha asegurado que hay "algunos en la región que están intentando jugar un papel utilizando la tradicional retórica anti-yanqui".

Para los expertos, uno de los problemas fue una falta de comunicación adecuada y una ronda de consultas previas para explicar el acuerdo y preparar el terreno con los países vecinos.

"Faltó una consideración y discusión de fondo de las posibles implicaciones y consecuencias de la decisión", opinó Shifter.

El asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el general retirado James Jones, admitió esta semana durante una reunión con el canciller brasileño, Celso Amorim, que la negociación "se podría haber hecho mejor" y con "mayores explicaciones".

De momento, pese a las quejas, ninguno de los 33 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) puso el asunto en consideración del organismo con sede en Washington, pero es seguro que será un tema central en la cumbre de Unasur, que se celebrará el 10 de agosto en Quito.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, asumirá la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en esa reunión, en la que, en opinión de Schifter, algunos países, como Ecuador y Venezuela, aprovecharán para "alimentar la controversia".

POR UNA REFORMA POPULAR, NO DEL GOBIERNO

Reclaman que no se recorten los presupuestos para la reforma agraria.
Lula anticipó las criticas y defendió en los diarios la reforma. Según la organización, hubo 3.000 manifestantes.

El Movimiento Sin Tierra (MST) ocupó la sede del Ministerio de Hacienda en Brasilia en protesta contra el Gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que "nadie ha hecho más" que él por la reforma agraria en el país.

Los manifestantes, unos 3.000 según dijo el MST y cerca de 2.000 en opinión de la policía, no encontraron resistencia y ocuparon en forma pacífica la planta baja del Ministerio para exigir una reunión con el titular de Hacienda, Guido Mantega, y otros miembros del gabinete de Lula.

Los activistas colgaron en la puerta del Ministerio de Hacienda varios carteles, en los que exigen al Gobierno que "no recorte los presupuestos para la reforma agraria".

En una columna publicada en algunos diarios regionales, en la que responde a la población sobre diversos asuntos, Lula pareció anticiparse a esas críticas y afirmó que su Gobierno lleva a cabo la reforma agraria que "siempre" propugnó.

"La reforma agraria es indispensable para la reducción de las desigualdades" y ya benefició a un millón de familias, de las cuales 519.111 fueron asentadas desde enero del 2003, aseguró Lula.

También sostuvo que los asentados fueron incluidos en planes para fortalecer la agricultura familiar, que hoy "responde por el 70 por ciento de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños".

Sin embargo, el MST considera "tibias" las iniciativas de Lula y asegura que, al menos dos tercios de las familias que dice haber asentado durante su Gobierno, en realidad sólo recibieron títulos de propiedad de tierras distribuidas en períodos anteriores.

Un portavoz de la organización campesina dijo que "se trata de que el Gobierno comprenda que debe promover la reforma agraria" y también el desarrollo en los asentamientos que ya existen en el país.

Asimismo, el MST exige que el Ministerio de Hacienda destine 800 millones de reales (432 millones de dólares) al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra), a fin de acelerar los procesos de expropiación de tierras improductivas, que por ley deben pasar a manos del Estado y ser distribuidas entre campesinos sin tierra.

Otra exigencia del MST es el asentamiento de las 90.000 familias de campesinos que, según la organización, se encuentran acampadas en distintos puntos del país, a la espera de tierras para cultivar.

En los últimos días, el MST movilizó a miles de activistas hacia Brasilia, São Paulo, Porto Alegre y otras capitales regionales, en las que se propone radicalizar sus protestas para dar mayor visibilidad a sus reclamos.

http://www.adnmundo.com/contenidos/politica/brasil_movimiento_sin_tierra_toman_ministerio_hacienda_reclamo_reforma_agraria_pi_110809.html&

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