Congreso Cultural Cabimas 2008

Primera parte
PROYECTO MÉXICO 2030: LA VENTA DE UN PAÍS
POR NANCY FLORES*

Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.

Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras (*EN VENEZUELA COMO EMPRESAS MIXTAS apoyada la idea en la propia CONSTITUCIÓN BOLIARIANA MISMA*) hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo.

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.

Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.

Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.

El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

Bienes de la nación en riesgo

De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.

Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.

Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.

Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.

Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.

Energía y agua, objetivos reiterados

Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.

Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.

En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.

En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.

Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biosfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.

El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.

Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.

Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).

Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

Previsible, más pobreza

De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.

“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”

Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.

El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.

Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.

Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.

El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.

La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.

La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.

Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.

Imposiciones autoritarias

La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.

Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.

“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.

Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.

El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.

Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.

El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.

“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.

— ¿Sería previsible más represión?

—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.

El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.



Algunas acciones privatizadoras aún no concretadas

Crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas puedan exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”
Instaurar legalmente el lobbyng o cabildeo legislativo, por medio del cual las empresas nacionales y extranjeras harán prevalecer sus intereses en los temas que legisle el Congreso de la Unión
Desaparecer la Secretaría de Energía o rediseñarla y “fortalecerla”
Constituir una secretaría o instituto de infraestructura
Abolir los “monopolios públicos”
Abrir totalmente Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada para que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”
Abrir totalmente la Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada, en el mismo esquema de Pemex con inversionistas privados y generadores de electricidad del sector empresarial
Permitir la inversión indiscriminada en proyectos ejecutivos del sector hidráulico y saneamiento de cuencas. Generar “liderazgo” en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos asociados
Privatizar todas las áreas de reserva de la biosfera por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo
Desarrollar el “sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”

Los convidados del poder

Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.
Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).
Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.
Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)



“El México que queremos”, según Calderón

El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de la República en el boletín entregado a los medios de comunicación:
• “Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita”.
• “Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo”.
• “La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión”.
• “En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.
• “México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa”.
• “Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos”.

SEGUNDA PARTE
PLAN MÉXICO 2030: “ACOTAR” CRIMEN ORGANIZADO, NO EXTERMINARLO
POR NANCY FLORES*

El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión

En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.

Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.

El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.

El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.

Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.

Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.

El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.

“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.

No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.

Los objetivos del plan

Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.

Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.

Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.

El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.

El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.

Estado de facto

Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.

El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.

Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.

—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?

—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.

Derechos humanos, un fracaso

El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.

Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.

“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.

Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.

No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.

Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.

Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.

La resistencia, única opción

En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.

De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.

Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.

Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.

La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.

Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.

Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.

Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.

Limitar al Congreso, uno de los fines

El especialista en seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, observa que, en materia de seguridad, la única iniciativa visible en el documento “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” es la de la ley para crear la policía nacional.
Advierte que la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es contradictoria con los documentos integrados al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. “Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia”.
Actualmente, explica, la Constitución establece que es el Congreso el encargado de definir una situación de emergencia nacional y suspender las garantías individuales. “Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución”.
Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, “lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada”.
Respecto de los tiempos, agrega: “Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte”.
No obstante, indica que “el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada”. El problema, dice, implica una política de fondo, integral, y una reforma de todo el aparato de seguridad.
Respecto de la prevención del delito por medio de la inteligencia coordinada, Sierra opina que, en años recientes, “el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar”.
El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia.
Jorge Luis Sierra estima que “el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda que el presidente siente aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo”.

PLAN MÉXICO 2030 (TERCERA PARTE)
ENTREGA CALDERÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS A TRASNACIONALES
POR NANCY FLORES*

Con su plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, Calderón cederá a corporativos mexicanos y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías y el mundo de las ideas y el acceso a la información. La concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones público-privadas”. A tres años de iniciado el proyecto, el gobierno federal consolida los monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo contra la protesta social

Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.

Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.

Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.

El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.

—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.

Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.

—Cómo genera el desarrollo un Estado: renovando la infraestructura, creando carreteras que comuniquen al territorio nacional; desarrollando un sistema de telecomunicaciones, de correos eficaz, una red telefónica que llegue a todos. Los teléfonos, las comunicaciones, las carreteras, la electricidad, el agua son bienes fundamentales y vitales para la vida pública, por eso lo normal es que estén en manos del Estado. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos 30 años.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica: “Quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas”.

Infraestructura

El doctor Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, observa que “hay un dejo de clase, un sentimiento demasiado clasista en el documento”.

Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.

En el apartado de “Infraestructura” –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que “México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental”.

El documento agrega que “esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuesto destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados”.

En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la “asociación público-privada”, entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).

El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.

Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que “cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT”.

El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.

Más despojo y represión

Además de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.

Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.

En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.

El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.

Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.

El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.

Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.

Apertura total en la energía

En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.

En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.

Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalan que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelan que el gobierno federal sólo ataca los públicos.

Aguirre Rojas dice que “tratan a los monopolios públicos y privados como si fueran lo mismo, y son absolutamente diversos. Los privados tienen el objetivo fundamental de obtener ganancia, lucro, y siguen la lógica despiadada de la acumulación de capital. Mientras que los públicos deberían, aunque no siempre lo cumplen, ser de utilidad social”.

Indica que el monopolio privado le permite a la empresa fijar altas tarifas: “Ése es el caso de Telmex en México. Telmex y Telcel son el monopolio que controla el 97 por ciento del mercado telefónico y por eso tenemos las tarifas más caras del mundo. Se tendría que atacar también al duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca. En cambio, si los monopolios públicos cumplen una función social, no tendríamos por qué destruirlos. Si algo ha permitido que el Estado mexicano no entre en quiebra como el Estado argentino después de 2001, son los monopolios públicos, como Pemex”.

Aguirre Rojas observa que “estas propuestas son como chistes de humor negro: se dice que hay que acabar con los monopolios privados y se acaba de aceptar la fusión de Telmex con Telcel, permitiendo con eso la constitución del cuarto operador a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones; además, se le acaba de autorizar a Televisa que compre Nextel, y con ello ofrezca el servicio de triple play”.

Al referirse a este mismo tema, Víctor H Palacio recuerda que aproximadamente el 1 por ciento de los capitales que hay en el país controla el 80 por ciento del producto interno bruto. “Cuando se hacen estos señalamientos acerca de los monopolios se está pensando en las grandes empresas monopólicas públicas, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro (con todo el problema que tiene) y Comisión Federal de Electricidad; pero es en el sector privado donde realmente están los grandes monopolios: Telmex, las grandes compañías cementeras, acereras, químicas, farmacéuticas, automotrices. Ellas son realmente las que detentan la riqueza nacional”.

Ambos investigadores concuerdan con que el actual gobierno federal no busca acabar con los monopolios privados. Aguirre Rojas comenta: “Se declara en el papel que se quieren anular y lo que se hace es fortalecer los monopolios privados. En cambio, los que han ayudado al Estado a sobrevivir y benefician a la gente son los que se están privatizando, destruyendo. Ellos no se dan cuenta de lo peligroso de las medidas que están tomando: si Pemex llega a ser privatizado, y hacia eso estamos caminando con las políticas de Calderón, el Estado mexicano corre el riesgo de quebrar”.

Ciencia y tecnología en manos privadas

En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar” los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.

Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.

Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa”.

Agrega que el fundamento de este plan es el Proyecto Bolognia, en el cual se establece que toda la ciencia y la tecnología debe de recaer fundamentalmente en manos privadas. “Lo que se busca es que las universidades, sobre todo las públicas, dediquen a sus alumnos a que desarrollen habilidades, capacidades y que sepan hacer cosas. En esa medida van a ser útiles y a poder insertarse en el mercado de trabajo rápidamente. Que no se les enseñe a pensar, eso no es importante. Para pensar están los grandes centros educativos de los países centrales, altamente desarrollados, que ellos se dediquen a pensar y a desarrollar la ciencia y tecnología de punta; y nosotros seguiremos maquilando”.

Palacio observa que “si el 70 por ciento va a quedar en manos privadas, y además las instancias gubernamentales como Conacyt podrían estarles financiando recursos para que hagan investigación, lo único que se hace es desbaratar el sistema de ciencia y tecnología del país. En México se han desarrollado muchas cosas, pero con muy pocos recursos”.

Recuerda que una de las maneras para combatir al narcotráfico es a través de la educación, “pero la educación a todos sus niveles. La educación superior entra en la parte de la ciencia y del desarrollo tecnológico”.

Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.



Calderón: gobierno clientelar

En su primer apartado denominado “Economía”, el documento señala que para 2030 “México es una sociedad libre, justa y próspera, en la que se protegen eficazmente las libertades, derechos, la vida y las propiedades de sus ciudadanos. Sus instituciones políticas aseguran la gobernabilidad y son propias de una sociedad libre. En la vida cotidiana y en las relaciones sociales impera el estado de derecho. México figura entre las 20 economías más grandes y desarrolladas del mundo, y ha conseguido erradicar la pobreza extrema”.
Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, indica que “no se señala con precisión cómo se podría lograr eso, con qué mecanismos, con qué recursos. Es una serie de buenas intenciones las que están planteadas, pero nada más”.
El doctor Palacio señala que con el actual modelo neoliberal no es posible alcanzar metas como el desarrollo social y el abatimiento de la pobreza. “Al contrario, se agudizarán aún más las cosas”.
Al respecto, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas considera que es un “discurso esquizofrénico”. “Si ellos, de una manera seria, se proponen esos objetivos no queda claro cómo los conciliarán con las políticas concretas que han estado llevando en los últimos tres años; que son las mismas políticas neoliberales que se han estado practicando en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid, desde 1982”.
Otro punto sobresaliente del apartado “Economía” es la “erradicación de distorsiones”. Sobre éste, el documento apunta que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos” y “el clientelismo como método de formación de acuerdos”.
En el segundo caso, Aguirre Rojas observa: “Se dice que se quiere eliminar el carácter clientelar, pero el Estado que ha construido Calderón es verdaderamente vergonzoso: los secretarios de Estado tienen como principales meritos para ocupar los cargos en los que están ser amigos del presidente, sus familiares, sus conocidos o políticos que le fueron fieles y le ayudaron a llegar a la Presidencia”.
Ejemplifica con tres casos: el de José Ángel Córdova, secretario de Salud: “Una persona que se ha dedicado mucho más a la política, que un médico que conociera el ámbito real de la medicina, el trato con los pacientes, las enfermedades”. El del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, “que antes era director del IMSS; qué experiencia tiene en el campo de la salud o en el campo de las comunicaciones y los transportes: viene del mundo académico y que era hace muchos años de cuestiones políticas”. Y el del actual secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazabal: “Cuándo ha trabajado en temas educativos, cuándo tuvo funciones de responsabilidad en ese ámbito, cuándo tiene un oficio creado durante décadas”.

La banalización del patrimonio

México 2030, Proyecto de Gran Visión, busca desarrollar la vocación turística del patrimonio cultural y ambiental. Para el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, además de implicar el “saqueo” del patrimonio, hay un problema implícito más grave: el proceso de banalización y degradación de los elementos de la propia identidad nacional e identidad cultural de los mexicanos.
“Las pirámides, las ruinas, no son simplemente piedras bonitas, lugares para ir y tomarse la foto, son trazos de nuestra identidad más profunda que aluden a la raíz indígena, prehispánica que forma parte de la identidad del mexicano”.
Al banalizar el patrimonio cultural, “al convertirlo en una mercancía estilo hollywoodense”, dice, lo que buscan “es hacernos perder esos trazos de nuestra identidad prehispánica, indígena y mexicana. Esto es un complemento perfecto para que aceptemos que el capital norteamericano, español, extranjero llegue e invada, que se lleve todas nuestras riquezas y que el día de mañana desmembren México y se roben parte del territorio, como ya ocurrió en 1848”.
Respecto de la vocación turística en materia ambiental, señala que se trata “del robo de los recursos naturales”. Ésa es la nueva forma en como el capital está depredando a las sociedades no sólo en México, sino en el mundo: “Bienes comunes, como el agua, ahora se vuelven bienes expropiables, mercantilizables y negocios redituables. Pero para poder robarnos el agua, los bosques, la madera, necesitan estas leyes que permitan su privatización, su saqueo, su expropiación”.

Panista impulsa marco jurídico para asociaciones público-privadas

El 7 de diciembre pasado, el senador panista Juan Bueno Torio –quien fuera uno de los autores del documento “Economía”–, propuso la creación de un marco jurídico para la “asociación de particulares con la administración pública federal.
El propósito, según dijo, “es mejorar la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura”. Además, detalló el también secretario de la Comisión de Fomento Industrial, con este marco “se buscan esquemas de financiamientos distintos a los que ahora consideran la Ley de Obras Públicas y Servicios y la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público”.

PLAN MÉXICO 2030 (CUARTA PARTE)
PLAN MÉXICO 2030: DESMANTELAR LA SEGURIDAD SOCIAL
POR NANCY FLORES*

Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México
El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.

De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.

Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.

A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.

Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.

Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.

Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.

“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.

Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.

Ataque a la educación pública

En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).

En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.

“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.

Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.

El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.

Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.

La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.
Salud, sólo para ricos

En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.

El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.

Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.

También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.

Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.

Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.

En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.

La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.

Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.


Sindicatos, golpe inminente

La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.

Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.

Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.

Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.

“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.

De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.

“TLC artístico”

En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.

Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.

Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.

Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.

Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.

Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.

Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Los autores del plan

• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal

• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México

PLAN MÉXICO 2030 (QUINTA PARTE)
PROYECTO 2030: VENTA TOTAL DE LAS RESERVAS DE LA BIÓSFERA
POR NANCY FLORES*

En dos décadas, la iniciativa privada nacional y extranjera detentará la mitad del territorio terrestre, costero y marino nacional, para entonces decretado como área natural protegida. La entrega de las reservas de la biósfera a particulares, impulsada por el proyecto México 2030, es la continuación del Plan Puebla Panamá y del Corredor Biológico Mesoamericano, señalan expertos. Las unidades de conservación para la vida silvestre, “simples y vulgares negocios”

En México, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de unidades de conservación para la vida silvestre (Uma), consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.

Entre los objetivos del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, destacan el de “estimular aún más las Uma” y el de posibilitar las “contribuciones privadas e internacionales (más Uma)” (sic) a un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria. Dicho instrumento fiduciario incidirá en todas las áreas naturales protegidas “en tierra y mar”.

Además de las 66 unidades de conservación inmersas en 23 reservas de la biósfera, desde 1997, la Semarnat ha autorizado la operación de 9 mil 487 Uma en total; 2 mil 17 de ellas, en el actual sexenio, descubren estadísticas actualizadas al 28 de febrero de 2010, por la dependencia que encabeza Juan Rafael Elvira Quesada.

En dos décadas, el 50 por ciento del territorio terrestre, costero y marino nacional será considerado área natural protegida y su conservación y, sobre todo, su explotación serán totalmente cedidas a la iniciativa privada, revela el cuarto capítulo del Proyecto de Gran Visión. Estas áreas estarán “institucionalizadas y enlazadas por corredores biológicos”, detalla.

El documento, titulado “Eje 4. Desarrollo sustentable”, dice que “las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son alternativas viables que permiten la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres; así como la elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización”.

Según sus autores –convocados en octubre de 2006 por el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a realizar talleres temáticos, en medio de la crisis poselectoral–, “la instalación de (las) Uma dentro de las áreas naturales protegidas ha generado varios beneficios: disminución de la presión social en la zona, conservación del medio ambiente y un mayor conocimiento de sus especies, hábitat y ecosistemas”.

El asesor en gestión ambiental Carlos Álvarez Flores –presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC– señala que “hemos entregado nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones internacionales a cambio de nada. Hemos permitido que se adueñen de todo: agua, minería, especies vegetales, pesca y recursos forestales, con el pretexto de que no tenemos tecnología ni dinero para investigación tecnológica, ni capital para invertir”.

Sin especificar el porcentaje, el documento indica que, en México,“la mayoría” de los bosques “contarán con un manejo sustentable mediante planes de manejo” (sic). Además, refiere que se “tendrán programas de uso sustentable dentro y fuera de las áreas naturales protegidas”.

Uma, rentables negocios

El activista ambiental Álvarez Flores explica que las Uma han sido “convertidas en simples y vulgares negocios”. El problema, señala, es la “marcada ausencia de aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente”; debido, sobre todo, a “la enorme corrupción e incapacidad administrativa y técnica” que hay en la Semarnat y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Agrega que existe una clara simulación en el cumplimiento normativo. “El grave y constante deterioro ambiental así lo demuestra. La poca voluntad política de nuestros gobernantes, aunada a los presupuestos dedicados al tema ambiental, permite que la depredación, la deforestación y la contaminación de nuestros recursos naturales (agua, aire y suelo) sigan su paso galopante”.

Contrario a ello, el documento –contenido en el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, desclasificado por la Presidencia de la República– identifica la legislación como uno de los factores que inhiben el “desarrollo sustentable”.

Para los autores del plan, el problema es que la ley “privilegia la centralización por encima de la propiedad privada”. Otro inhibidor que señalan en el apartado “instrumentos de mercado” es que “no existen máximos permisibles para la explotación de los ecosistemas, recursos naturales y sistemas biofísicos”.

Carlos Álvarez Flores indica que la falta de aplicación de la ley no se reduce al manejo de las Uma: hay áreas naturales protegidas abandonadas, sin presupuesto, sin supervisión ni vigilancia; además, se padece de cuerpos de agua contaminados, zonas urbanas con aire contaminado, indebida disposición de los residuos en todas sus categorías, deforestación permanente, cambios de uso de suelo ajenos a los planes de desarrollo urbano, desarrollo turístico costero depredador y comercio ilegal de especies.

Despojo de la tierra y los recursos

En su capítulo “Eje 4. Desarrollo sustentable”, el plan descubre que el 74 por ciento de las Uma extensivas (“donde las especies sujetas a manejo se encuentran libres en el predio”), registradas hasta 2004, se localizaba en propiedad privada. Sólo 21 por ciento, en propiedad ejidal, y el resto, 5 por ciento, en propiedad federal.

Gubidcha Matus, titular del área de comunicación y vocero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que, en materia de desarrollo sustentable, el plan transexenal México 2030 no es más que la continuación del Corredor Biológico Mesoamericano, antes conocido como Plan Puebla Panamá.

—Es una etapa más del Plan Puebla Panamá. Todas estas estrategias de supuesta sustentabilidad, proyectos, cuidado de las reservas, etcétera, tienen que ver con ese plan. Hay partes del texto (México 2030) que hablan de un corredor biológico que busca cuidar las reservas, pero que al final es la aplicación de las políticas que exige el plan para que la iniciativa privada tome y haga suyos los recursos y los servicios que tiene la población.

Matus critica que el Proyecto de Gran Visión impulsado por Calderón Hinojosa no plantee la consulta a los pueblos y comunidades, cuyos territorios se destinarán a proyectos de desarrollo sustentable.

El activista de los derechos humanos alerta que la experiencia del Frayba en Chiapas –donde se localiza una de las 23 reservas de la biósfera parcialmente privatizadas: Montes Azules– es que “siempre se ha violentado el derecho a la consulta y también el del uso y disfrute de los recursos naturales, en contra de los pueblos y comunidades que están en los lugares donde se implantan estos proyectos”.

Aclara que el centro Frayba no se opone a los proyectos de desarrollo, “pero nosotros remarcamos que éstos violentan el derecho al territorio, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo”.

De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, se busca “estimular la inversión privada en conservación, por medio de compra de terrenos y estímulo al manejo sustentable por las comunidades dueñas de los ecosistemas”. Según el plan, para 2030 se “aprovechará sustentablemente la biodiversidad a favor de las comunidades (dueños de la tierra)”.

Gubidcha Matus explica que la iniciativa privada es la mayor beneficiaria con este proyecto, mientras que las comunidades y pueblos indígenas y campesinos son quienes sufren más. “Generalmente son despojados, no son consultados. Violentan un proceso en el cual los pueblos no pueden dar su opinión ni su palabra acerca de lo que se va a realizar en ese territorio”.

Turismo de masas

El documento dedicado al desarrollo sustentable refiere que, “a partir de 2003, las áreas naturales protegidas con infraestructura y capacidad administrativa para cobrar cuotas de entrada ya no están obligadas a transferir esos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que podrán utilizarlos para promover el ecoturismo y otras actividades que generan ingresos a los pobladores, desmotivando así la destrucción y/o degradación de las comunidades naturales que ahí se encuentran”.

La promoción del ecoturismo no se ciñe a las áreas naturales protegidas. Según el plan, el turismo debe ser sustentable en todos los casos y “deberá entrar en SMA” (o sistemas de manejo ambiental).

Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México, dice que la política de este gobierno se ha enfocado en la promoción del turismo de masas y ha dejado rezagado al turismo sustentable.

Explica que el de masas es demandante y se traduce en grandes impactos, principalmente en las zonas costeras sobre ecosistemas valiosos, como manglares y dunas. Ésas son las características que aprecia el ecologista en los principales destinos turísticos del país: Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz.

Olivera advierte que la legislación en materia de turismo es insuficiente. “No especifica una transversalidad clara con otras secretarías, como la del Medio Ambiente y la de Desarrollo Social. Para que realmente se ejerza un turismo sustentable, deben ser considerados no sólo el aspecto económico sino también el social y el del medio ambiente. En esa parte está muy débil la ley”.

Destaca que el marco legal vigente no considera al cambio climático, a pesar de que el turismo, a nivel global, es el responsable del 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero: el establecimiento de un nuevo hotel, un nuevo desarrollo, una nueva planta desaladora, se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero por la demanda energética.

Agrega que los problemas sociales no son ajenos a estas condiciones: los mismos desarrollos omiten que están creando externalidades, como la demanda de tratamiento de aguas residuales, de agua que se le quita a la población, que propician la privatización de playas al cerrar los accesos al mar. La ley actual no regula nada de estas problemáticas, indica.

El Proyecto de Gran Visión asegura que, en 2030, México “manejará sustentablemente sus costas y mares; alcanzará a desarrollar un turismo responsable; protegerá sus playas, dunas, manglares y arrecifes; y eliminará las descargas de aguas residuales municipales e industriales”.

Escalera Náutica, el fracaso

En su capítulo de economía, el plan transexenal señala que se debe impulsar nuevamente el proyecto de la Escalera Náutica. Al respecto, Alejandro Olivera opina que éste fracasó desde la administración de Vicente Fox.

—Esta nueva administración le dio un nuevo nombre: les llama centros integralmente planeados, y son desarrollados por el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Sin embargo, hemos visto el fracaso de estos centros. Por ejemplo, el de Litibú (Nayarit): actualmente está parado; los terrenos están en venta y está la construcción a medias.

Olivera expone un segundo caso: “El año pasado, el presidente Calderón inauguró el centro integralmente planeado Costa del Pacífico. Ellos (las autoridades) anuncian que va a tener el doble de tamaño de Cancún; sin embargo, el presidente lo inauguró sin ningún permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Y justo hasta principios de marzo sometieron a consulta pública la primera evaluación ambiental que hicieron. Es un proyecto que está totalmente fragmentado”.

El activista de Greenpeace México considera que el gobierno anuncia los nuevos desarrollos turísticos “con bombo y platillo” para aumentar la especulación, el valor de las tierras y atraer la inversión. A fines de febrero, “en Litibú, el presidente inauguró una planta de aguas residuales y una planta desalinizadora, las cuales tienen ya casi un año operando. Vemos anuncios grandes, pero no han podido desarrollar ni promover estos centros turísticos que están basados en un turismo de masas”.

No obstante, el plan México 2030 indica que “la protección y cuidado del medio ambiente no está reñida con el desarrollo; un ejemplo claro es el turismo ecológicamente responsable. Que la enorme belleza de nuestro territorio se traduzca en oportunidades de ingreso para la población que habita en las zonas rurales”.

Alejandro Olivera recuerda que entre las irregularidades más comunes se encuentran la invasión que hacen los hoteles de la zona federal marítimo terrestre y la falta de una precisión de impacto ambiental otorgada por la Semarnat. “Sucede mucho en nuestras costas, y aunque la Profepa ha actuado en Cancún, principalmente, pues sí quisiéramos verla en otros destinos turísticos como Los Cabos, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Veracruz, Huatulco”.

“Pagar”, la nueva cultura

Entre los objetivos del proyecto transexenal está “impulsar la nueva visión de que ‘el que utiliza los recursos naturales paga’”. Otro es “consolidar la cultura de que ‘el que contamina paga’”.

El plan México 2030 le apuesta más a la privatización y la inversión que a un diálogo y un convencimiento de los pueblos que están en las reservas o cerca de ellas, dice Gubidcha Matus. El vocero del Frayba afirma que, “al final, tener algo privado conlleva tener un beneficio con la explotación de los recursos”.

El activista de los derechos humanos puntualiza que, hasta ahora, los servicios que ya están privatizados no han resuelto el problema del acceso. Por ello, indica que la solución no es privatizar. “Cuando se habla de un proyecto privatizador que soluciona todos los problemas de la pobreza, esa aseveración dista mucho de la realidad”.

Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión, se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.