Congreso Cultural Cabimas 2008

Por Solidaridad, Sep. 29, 2009

Diferentes organizaciones y personas de Venezuela, con trayectorias en las luchas sociales, vinculadas a diversos planteamientos de izquierda crítica y anti-autoritaria, que hemos confluido en el espacio INSURGENTES fijamos posición ante las exhumaciones del Caracazo.

Diferentes organizaciones y personas de Venezuela, con trayectorias en las luchas sociales, vinculadas a diversos planteamientos de izquierda crítica y anti-autoritaria, que hemos confluido en el espacio INSURGENTES, así como otras organizaciones sociales, políticas y activistas del país y de diversos lados del mundo, fijamos posición ante las exhumaciones del Caracazo.

Después de 19 años el gobierno bolivariano, a través de la Fiscalía General de la República, realiza una segunda exhumación de los restos presentes en la fosa común de La Peste, en el Cementerio General del Sur en Caracas, donde se encuentran parte de las víctimas de la rebelión popular del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida como El Caracazo. De esta manera, el Estado venezolano cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en noviembre de 1999 lo condenó a investigar los hechos y sancionar a los responsables, así como localizar, exhumar e identificar los restos de las víctimas para entregarlos a sus familiares, además de indemnizarlos por la violación del derecho a la vida.

Si bien el cumplimiento de la sentencia ha sido un anhelo de los familiares, de diversas organizaciones populares y de derechos humanos, el actual proceso de exhumación ha sido objetado por una parte de allegados y allegadas a las víctimas. En primer lugar por la nula información ofrecida a los familiares de las actuaciones que pretenden cumplir y ejecutar la sentencia, además de exigir una participación “activa y protagónica” durante todo el proceso. En declaraciones de prensa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ha afirmado que su despacho ha realizado “dos mil diligencias, en un lapso de tres meses”, las cuales son completamente desconocidas para las y los dolientes. No existe un trabajo de relación e involucramiento que promueva el protagonismo de los familiares durante el trabajo de identificación de los restos, además de la convocatoria burocrática a través de los medios para la entrega de recaudos en Fiscalía. Esto contrasta con las exhumaciones realizadas en 1990, cuando los familiares, tras recibir capacitación, resguardaron el sitio, elaboraron fichas antropométricas y participaron activamente en las labores del equipo científico, lo cual dejó un importante saldo organizativo y los ayudó, psicológicamente, a superar el dolor.
En segundo lugar, los familiares han solicitado, además del equipo forense designado por el gobierno nacional, la participación de un grupo científico internacional con experiencia en casos similares, avalado por organizaciones de derechos humanos. Esta modalidad, que ha sido promovida en reconocimiento de osamentas de masacres ocurridas en países como Perú y Argentina, generaría la confianza y transparencia necesaria en los resultados de la exhumación.

Una tercera petición es la prohibición de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en La Peste. Una nota de prensa oficial del Ministerio Público informó que “se propuso y existe un fuerte compromiso por parte de las autoridades militares de no sólo prestar seguridad (día y noche) y resguardar el área en el que se harán las exhumaciones, sino además ubicar un galpón en Fuerte Tiuna –una instalación militar- para colocar los restos de las víctimas y realizar las debidas experticias con la eficiencia y rapidez necesaria”. Además, el equipo de trabajo designado por la Fiscalía para la exhumación está integrado, entre otros, por el director del Comando General del Ejército y el comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional. Esta situación es absolutamente inadmisible, ¿cómo pueden los militares que ayer cometieron esos asesinatos, hoy en funciones de gobierno, garantizar la transparencia y la justicia? Los asesinos, miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser juez y parte de las investigaciones.

Rechazamos el hecho de que la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, haya avalado acríticamente las gestiones realizadas por la Fiscalía General, convirtiéndose en cómplice de las irregularidades. El proceso de exhumaciones ha sido convertido en un espectáculo mediático por parte de las autoridades, sin contar con la participación de los familiares.

Exigimos que las averiguaciones revelen la responsabilidad de los órganos de las Fuerzas Armadas y de militares activos en altos cargos de poder, en la Masacre del Caracazo.

Deploramos que personas que mantuvieron en su tiempo una actitud valerosa sobre los hechos –Matías Camuña, Comisión Justicia y Paz de Petare- se hayan prestado para criminalizar estas peticiones.

Refutamos las calumnias de la integrante del partido de gobierno Fresia Ipinza contra los familiares, una persona señalada por su presunta participación en hechos de corrupción en los diferentes organismos donde le han sido asignadas funciones.

Reclamamos que los mandos militares y policiales revelen el paradero de los más de 300 cuerpos que no están en La Peste y que fueron enterrados en fosas comunes desconocidas.

Alertamos sobre el nefasto precedente que significa este procedimiento amañado para investigar violaciones graves a los derechos humanos por parte de los funcionarios policiales y militares. Tanto en los casos pendientes (El Amparo, Yumare, Cantaura, entre otros), como en los que puedan ocurrir en el futuro, contra ciudadanos, ciudadanas y activistas sociales, los responsables estatales serán quienes coordinen la implementación de la justicia, teniendo de esta manera todas las posibilidades para alterar y manipular evidencias, así como para garantizar su impunidad.

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y sus peticiones. Denunciamos la labor de criminalización de la protesta y de sostenimiento de las injusticias por parte de la burocracia del Estado, tales como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Reiteramos nuestro compromiso con todas y cada una de las luchas de los oprimidos y oprimidas por alcanzar justicia social y libertad contra los privilegios de los patrones y amos del poder político y económico en el país.

Esta situación es una prueba más de que este gobierno continúa con la política del mismo Estado venezolano a través de su historia: reprimir a la población y garantizar la impunidad a sus verdugos.

Organizaciones adherentes:
Periódico El Libertario
Grupo de Estudio y Trabajo Pueblo y Conciencia (Maracay)
Comité de Víctimas contra la Impunidad – Lara
Unidad Socialista de Izquierda (USI)
P.R.V. – Tercer Camino
Cátedra de Formación Ideológica Universidad de Yacambú (Lara)
La Vuelta al Conuco
Escuela de Formación Obrera (Maracay)
Justicia y Paz (Aragua)
Centro de Educación y Capacitación para la Vida - CECAVID (Edo Lara)
Asamblea de Ciudadanos "C.D"(Edo Lara)
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA (Lara)
Ateneo La Libertaria de Humocaro (Lara)
Kondenados, Colectivo y Banda (Cantaura)
Red Juvenil de Medellín (Colombia)
Periódico “Libertad” (Buenos Aires)
Grupo Cultural “Hij@s del Pueblo” (México)
Cooperativa Cultura Libre (México)
Movimiento Libertario Cubano

Individuos adherentes
Domingo Alberto Rangel, intelectual y escritor revolucionario venezolano
Hisvet Fernández, profesora universitaria y activista feminista. (C.I. 4.265.243)
Nelson Garrido, fotógrafo (CI V-5.412.265)
Pablo Gamba, periodista (CI V-6.979.138)
Maria Walter, activista social (CI V-3970313)
Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y editor independiente (CI V-11.599.339)
Cayetano Ramirez (CI V-10.353.293)
Daniel Cabezas Sánchez, estudiante y cantautor (CI V-14.892.698)
Yves Coleman, traductor (Francia)
Patrick Rossineri, activista social (Argentina)
Henry Ortega Spina NIE (España): X2429879-K
Jorge Tadeo Vargas, Profesor de educación media y miembro del Colectivo Marea Creciente (México)
Elda Munich, anarcofeminista DNI Nº: 16.863.710. Rosario (Argentina)
Alicia Zárate, artista plástica y ecologista (Argentina). C.I 5 310 565
Marina Legaz Bursuk, miembro de la Federación Libertaria Argentina (FLA)
Carlos Solero, profesor de sociología y miembro de la Biblioteca Alberto Ghiraldo, Rosario (Argentina)
Luis Prat, traductor y miembro de Industrial Workers of the World, IWW (USA)