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EL PUEBLO VENEZOLANO CLAMA POR JUSTICIA PARA LAS NIÑAS HERNÁNDEZ GARCÍA

Sólo en la red social Facebook, más de 300 personas se unieron, en apenas 24 horas, para pedir clemencia en el caso de dos niñas de cinco años de edad que fueron arrebatadas a su madre, la periodista venezolana Marichina García Herrero.

El juez venezolano Jorge Gustavo Mirabal, dictó, hace más de un mes, una medida cautelar mediante la cual dos niñas de apenas cinco años pasaron del hogar materno al paterno, sin tomar en cuenta, ni la opinión de las niñas (que en ese país son sujetos de derecho) ni la opinión de la madre, vulnerando así el derecho a la defensa de tres ciudadanas y pasando por encima del derecho humano de las niñas a mantenerse en contacto con su madre, ya que dicha medida no comprende un régimen de convivencia o sistema de visitas que dictamine la manera en la que la madre pueda comunicarse con sus pequeñas hijas. El padre aprovecha esa “omisión” del juez para cometer un delito, calificado como retención ilegal, con el cual se violan derechos humanos fundamentales.


La madre explicó a los medios de comunicación el pasado día martes, que las pequeñas sufren de una enfermedad respiratoria recurrente y que necesitan sus cuidados y tratamientos médicos. Esto ocurrió ante las oficinas de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, donde la licenciada García consignó una denuncia por lo que ella considera un daño psicológico irreparable a las niñas y su entorno familiar.

Según García, Rubén Hernández, padre de sus hijas, esgrimió que las niñas fueron trasladadas a otra ciudad y estaban siendo privadas de educación, lo cual ella desmintió consignando una constancia que indica que las niñas acuden a su colegio con regularidad y varias pruebas de que el padre de las niñas no ha dejado de ver a sus hijas en ninguna de las fechas en las que, según el régimen de convivencia anterior, le correspondía.

“El padre de mis hijas fue oportunamente notificado de nuestra mudanza a Valencia hace varios meses, pero el juez actuó sin escuchar mi parte, violando además los derechos humanos de mis hijas, el derecho a la educación y a vivir con su madre y en su hogar. Las niñas ahora han sido trasladadas a la ciudad de Caracas y no han asistido a su colegio, donde las otras madres y compañeritos de ellas han decidido iniciar una cadena de oraciones para rogar a Dios que esta situación se resuelva pronto”. Además, la madre desesperada argumentó que el caso de sus hijas había sido llevado secretamente en Caracas, en conocimiento de un juez y una fiscal del ministerio público que asistió al padre para formular la denuncia y solicitar un juicio por la guarda fuera del área de circunscripción judicial que correspondía.

“Si bien es cierto que un juez puede tomar una medida como esta cuando existe una amenaza cierta, también es cierto que las supuestas inasistencia de mis niñas al colegio no constituyen, para nada, un peligro tan grande como para privarlas de un interés superior de ellas, que es el amor y cuidado materno. Y mucho menos sin siquiera consultarnos. Me pregunto por qué la denuncia no se remitió al consejo del niño y del adolescente, como debería haberse hecho, en vez de ser tan extremadamente diligentes al separar a mis bebés de su mamá”.

Marichina García denunció que el padre de sus hijas, ex presidente del canal de televisión de la Asamblea Nacional (de donde salió por supuestas irregularidades según publicaron los medios de comunicación entonces) es actualmente gerente de una empresa de publicidad que factura millardos al Estado venezolano y cónyuge de la Ministra de Comunicaciones y ex jefa de prensa del canal de la AN. Según García, en múltiples oportunidades había recibido amenazas por parte de su ex compañero, de “quitarle a las niñas” aprovechando el poder político y las influencias que esos cargos públicos le daban a la pareja.

Para rematar con broche de oro los supuestos vicios en este proceso, las niñas fueron llevadas esta semana a una entrevista en los tribunales, después de tomada la medida, y ellas solicitaron vivir con su madre y estudiar en su colegio de la ciudad de Valencia. Sin embargo, el juez, en lugar de revocar inmediatamente la medida al escuchar a las gemelas, lo que hizo fue esperar dos días para luego inhibirse del caso, lo cual ocasionó un retardo procesal que va en detrimento de los deseos de las niñas y de la salud de ellas, que manifestaron estar enfermas y al cuidado de una “tía” cuyo nombre dijeron desconocer.

“Aunque la declaración de unas niñas tan pequeñas no es vinculante, era obligatorio tomarla en cuenta… yo consigné ante los tribunales todos los documentos necesarios para comprobar que la información suministrada por el padre de mis hijas no es cierta y que sólo actúa, usando a las niñas y al sistema judicial para maltratarme a mi movido por los celos”, explicó Marichina García Herrero, quien además dijo que ya en varias oportunidades tuvo que denunciar al padre de sus hijas por violencia y agresión, y que está preocupada ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta cómo están las niñas y de hablar con sus hijas, con quienes sólo pudo comunicarse una vez, y por mediación de un juez, desde que fueron ilegalmente retenidas e incomunicadas por su padre, hace más de una semana.

MADRE VENEZOLANA DENUNCIA TURBIOS PROCESOS Y VIOLACIÓN DE LOS DD HH EN LA RETENCIÒN DE SUS HIJAS
Las niñas, de sólo 5 años, declararon hace una semana ante los tribunales que desean ver y vivir con su madre. Sin embargo, y debido a enredados procesos judiciales, los ruegos de madre e hijas no han podido hacerse realidad.

La periodista venezolana, Marichina García Herrero, ha denunciado ante distintos organismos del Estado y ante la prensa nacional, que sus pequeñas hijas de 5 años de edad le han sido arrebatadas de manera indebida, violando sus derechos fundamentales y perjudicándolas psicológicamente en una etapa decisiva de sus vidas, además de perjudicar a sus tres hermanitos políticos y a sus hermanos mayores, que claman por justicia junto a más de 600 personas que se han unido en una red social de Internet para orar por las pequeñas.

Un juez de LOPNNA dictó una medida provisional (que puede durar 1 semana, como 1 año o establecerse definitiva) que priva a la madre de la guarda y custodia de sus pequeñas hijas. Esta medida, denuncia la madre afectada, “es arbitraria, pues no fueron escuchadas mis hijas antes de tomarla, tampoco yo, me han violado mi derecho a la defensa de una manera descarada y procediendo de forma secreta, sin que yo tuviese ni una sola comunicación, citación o consulta, aunque fuera telefónica, que me indicara de lo que estaba ocurriendo a mis espaldas y a espaldas de mis hijas, que son sujetos de derecho y que debieron ser oídas.
Las niñas y su familia viven en Valencia, pero la medida judicial ha sido tomada en Caracas, por lo que los tribunales actuaron FUERA DE SU COMPETENCIA.
Además, en el acta se ha “omitido” la posibilidad de que madre e hijas tengan contacto, aunque sea transitorio, por lo cual García denuncia que el padre de las niñas, Rubén Hernández Remón, no ha permitido que ellas se vean o se hablen hasta tanto el juez no se pronuncie al respecto, a su vez, el juez ha esgrimido que su medida no tiene nada que ver con el régimen de visitas, lo cual deja a las niñas en una especie de limbo jurídico, del que nadie ha sabido cómo sacarlas, a pesar de que en Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Consejos de Protección sostienen que se viola el derecho de trato y comunicación de las tres afectadas.

“Sólo a través de la gestión de una jueza que llamó a mi ex esposo, logré, el jueves pasado, hablar unos minutos con mis hijas, que me reclamaron el por qué las había dejado tantos días y preguntaron dónde estaba yo metida”.
A pesar de múltiples gestiones, los tribunales no han sido expeditos y los lapsos procesales han limitado la posibilidad de que madre e hijas vuelvan a estar juntas, violándose con esto los derechos humanos de las niñas a la educación, al contacto con su madre y hermanos y al amor y cuidado maternos, violaciones que se suman a la del derecho a ser escuchadas. La madre asegura que ha presentado suficientes pruebas de que la información suministrada ante los tribunales para arrancarle a sus hijas, es falsa, pero también asegura que el criterio del juez fue exagerado, pues los argumentos usados no son causales de privación de guarda.

El derecho a la defensa de la madre fue vulnerado, también el de las hijas, que fueron tomadas por sorpresa y separadas de su mamá, de sus amigos y su escuela a pesar de sus pedidos. Para la madre es evidente que los retardos procesales responden a intereses muy alejados del interés superior de las niñas, consagrado en la ley, pero por haber trabajado muchos años dentro de instituciones del Estado, al igual que su ex pareja, que actualmente es cónyuge de la ministra del gobierno, suplica que sus ruegos de madre no sean usados para politizar la situación.
Con gran preocupación, la mujer hizo énfasis en que el Poder Judicial nombre a la brevedad un nuevo juez que vele por mis hijas, ya que el juez anterior se inhibió, “Pido que se respete mi derecho a la defensa y al debido proceso, pues, el juicio, que a mis espaldas ya lleva mucho más de un mes, fue realizado sin el debido llamado, por parte del tribunal, de un Fiscal del Ministerio Público para que protegiera los derechos de mis niñas”.

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